La administración de Donald Trump ha contratado a una nueva empresa para intervenir en la limpieza y el mantenimiento del emblemático Estanque Reflectante de Lincoln, en Washington. Esta decisión se produce en el marco de una saga veraniega que se ha prolongado durante meses y que parece no tener un final próximo, incrementando tanto los costos operativos como las interrogantes sobre la gestión de un proyecto de renovación que originalmente estaba destinado a servir como escaparate para la celebración del 250 aniversario del país.
El Departamento del Interior, organismo encargado de la supervisión de las obras, ha adjudicado un contrato por un valor inicial de 2,7 millones de dólares a American Ag Energy. Esta compañía, con sede en Massachusetts, se especializa en tecnología de energías renovables y ha sido contratada específicamente para realizar reparaciones y llevar a cabo el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y purificación de agua de la piscina. Según los detalles del contrato gubernamental y la información suministrada por el propietario de la firma, el acuerdo tiene una duración inicial de un año, aunque contempla la posibilidad de prorrogarse por cinco años adicionales, lo que podría elevar el valor total del contrato hasta los 8,8 millones de dólares.
A pesar de la adjudicación, el Departamento del Interior ha mantenido un silencio absoluto frente a las consultas realizadas por CNN, evitando responder sobre los pormenores del nuevo contrato o sobre cómo se integrarán estas nuevas tareas con los trabajos que ya se han ejecutado en el monumento.
Richard Rosen, CEO de American Ag Energy, explicó que tuvo conocimiento de la problemática de las algas a través de uno de los directores de su empresa y tras leer reportajes periodísticos sobre el estado del estanque. Rosen afirmó que, al analizar la situación, se dio cuenta de que poseía la capacidad técnica para resolver el problema. Asimismo, defendió la labor del Servicio de Parques Nacionales (NPS), asegurando que la institución desea solucionar la situación de manera correcta y que él será de gran ayuda para lograr dicho objetivo.
Sin embargo, la contratación de Rosen ha introducido un nuevo elemento de controversia al proyecto. El año pasado, Rosen fue declarado culpable de fraude electoral tras haber votado dos veces en las elecciones de 2016, emitiendo un voto en Massachusetts y otro en New Hampshire. Esta condena, que implicaba una posible pena de siete días de cárcel y la pérdida de su derecho al voto en New Hampshire, fue anulada a principios de este año por la Corte Suprema estatal, basándose en fallos probatorios incorrectos cometidos por un juez del Tribunal Superior durante el proceso. Actualmente, Rosen se encuentra en un proceso de mediación con la Fiscalía General de New Hampshire, ya que los cargos podrían ser presentados nuevamente tras la remisión del caso al Tribunal Superior del Condado de Grafton.
Este episodio es solo una pieza más del drama que rodea la restauración de este monumento, que ha recibido turistas desde la década de 1920. Una de las mayores preocupaciones ha sido el presupuesto. Inicialmente, el presidente Trump estimó que las renovaciones costarían entre 2 y 3 millones de dólares, pero posteriormente revisó dicha proyección a una cifra de "menos de 20 millones de dólares". Hasta el verano actual, sumando el contrato más reciente, los costos ya han superado los 14 millones de dólares.
El proyecto, que formaba parte de un decreto para convertir la capital en un lugar "seguro y hermoso", ha enfrentado fallos constantes. Tras una inspección presencial del presidente en mayo, el fondo del estanque, anteriormente gris, fue cubierto con una lona con los colores de la bandera de Estados Unidos. No obstante, al llenar la piscina, el agua se tiñó de verde debido a la proliferación de algas.
Para solucionar esto, se contrató a Greenwater Services, empresa de Ohio cuyo copropietario, JJ Cafaro, es un donante y antiguo partidario de Trump. Cafaro cuenta con un antecedente legal: en 2001 se declaró culpable de conspiración para sobornar al representante demócrata James Traficant Jr. Aunque los ejecutivos de Greenwater aseguran que Cafaro no participa en las operaciones diarias, la empresa recibió 1,7 millones de dólares por aplicar tecnología de nanoburbujas de ozono, un tratamiento que no logró eliminar el problema de las algas. Además, el material azul del fondo comenzó a desprenderse, situación que el presidente atribuyó a actos de vandalismo.
La tensión aumentó cuando varias personas fueron arrestadas por daños a la piscina. Entre ellas se encontraba el piragüista olímpico David Hearn, quien enfrentó cargos graves de destrucción de propiedad que podrían haber resultado en hasta 10 años de prisión. Eventualmente, el Departamento de Justicia retiró los cargos. La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, calificó la renovación como "precipitada y chapucera", comentario que provocó que Trump la criticara públicamente en Truth Social, insistiendo en que se trató de un caso de vandalismo puro. Tras estas polémicas, los cargos contra el resto de los acusados también fueron retirados.
Actualmente, la responsabilidad de eliminar las algas recae en la empresa de Richard Rosen, quien ha confirmado que su equipo ya se encuentra inspeccionando las instalaciones para intentar resolver el problema de forma definitiva.
