Un juzgado de Bogotá ha emitido una resolución judicial que impone restricciones significativas a las operaciones militares aéreas del Gobierno de Colombia. Como medida provisional, el Juzgado 34 de Familia de la capital colombiana ha ordenado que el Estado se abstenga de lanzar ataques aéreos contra objetivos militares en aquellas zonas donde exista información sobre la posible presencia de niños, niñas o adolescentes que hayan sido reclutados o utilizados por grupos armados ilegales.
Esta medida judicial tiene un alcance amplio, ya que ha sido dictada específicamente para la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, así como para el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada. Según el texto de la resolución consultado, estas instituciones deben "abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados".
La resolución detalla que esta prohibición se mantendrá hasta que el Estado adopte y verifique las medidas de precaución y protección necesarias. Asimismo, el juzgado exige que se determine, basándose en la información disponible y los protocolos operacionales vigentes, si existe una alternativa operacional que sea menos lesiva para alcanzar el objetivo militar legítimo que se persigue.
Este fallo es el resultado de una acción de tutela, un recurso de amparo presentado por Ower Jimmy Borda Parra. Borda Parra actuó en calidad de agente oficioso en representación de los menores reclutados por grupos guerrilleros que se encuentran en campamentos o zonas donde la Fuerza Pública tenga conocimiento verificado de su presencia y que, por ende, podrían verse afectados por el despliegue de operaciones aéreas ofensivas. La togada Viviana Arciniegas Gómez fue la encargada de dictar la resolución.
El contexto que rodea esta decisión judicial es crítico. El fallo llega pocos días después de que el Instituto de Medicina Legal informara sobre la identificación de tres menores de edad entre diez cuerpos recuperados tras un operativo militar en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. Dicha operación fue dirigida contra disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Adicionalmente, se confirmó la muerte de otro menor de edad durante el primer bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella en la región del Catatumbo, en el noreste del país, según datos proporcionados al diario 'El Espectador'.
La reacción del Gobierno colombiano no se ha hecho esperar. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha calificado la decisión del juzgado como "absurda" e "inconstitucional", asegurando que el fallo será apelado. Lara argumentó que establecer un criterio basado en "información cierta, objetiva o razonablemente verificable" sobre la presencia de menores otorga una amplitud extraordinaria a la restricción. Según el ministro, en un escenario de conflicto donde los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a niños y adolescentes, un estándar tan abierto hace que el empleo de bombardeos aéreos sea "materialmente imposible".
El alto funcionario subrayó que, aunque el Ejecutivo reconoce que los menores deben ser protegidos con el máximo rigor —algo que afirmó que ya se hace y se seguirá haciendo—, considera que la medida judicial crea un efecto contraproducente. Lara sostuvo que convertir el reclutamiento criminal de menores en un mecanismo que otorgue "inmunidad territorial a los narcoterroristas" representa un "incentivo perverso y peligrosísimo".
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha aportado datos alarmantes sobre la situación de la infancia en el país. La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, informó que entre el año 2024 y el 31 de julio de 2026 se han contabilizado un total de 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De esa cifra, 97 casos ocurrieron específicamente entre el 1 de enero y el 31 de julio del año en curso.
Marín Ortiz precisó que aproximadamente el 40% de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, y destacó que un porcentaje muy significativo corresponde a menores pertenecientes a pueblos indígenas. La defensora advirtió además sobre la existencia de un "importante subregistro", señalando que muchos de estos casos solo salen a la luz cuando los menores fallecen en combates entre grupos armados ilegales o durante operativos ejecutados por la Fuerza Pública.
Ante la reciente muerte de cuatro menores en bombardeos en Guaviare y Catatumbo, la Defensoría del Pueblo ha insistido en que el Estado colombiano debe extremar todas las precauciones posibles y evaluar alternativas operativas que permitan proteger la vida de los menores reclutados.
