El Gobierno del Perú ha emitido un llamado urgente y categórico dirigido a la comunidad internacional, haciendo especial énfasis en los organismos de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA). El objetivo central de este requerimiento es que dichas entidades activen todos los mecanismos disponibles bajo su competencia para evitar que se consolide un régimen dictatorial en el territorio de Nicaragua.
Esta postura fue formalizada a través de un comunicado oficial emitido por la Cancillería peruana, en el cual se manifiesta una "más profunda preocupación y enérgico rechazo" frente a los recientes acontecimientos legislativos en el país centroamericano. El punto de conflicto radica en la aprobación, en primera votación, de una nueva reforma constitucional por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Para el Ejecutivo peruano, esta medida no representa un simple ajuste legal, sino que constituye un intento deliberado de "liquidar la institucionalidad democrática" de la nación nicaragüense.
En el documento oficial, la Cancillería detalla que la referida reforma constitucional plantea escenarios críticos para la gobernanza del país. Según el análisis del Gobierno peruano, la propuesta busca la eliminación de cualquier posibilidad de llevar a cabo elecciones libres, la anulación efectiva del estado de derecho y, fundamentalmente, la perpetuación de lo que define como una "dictadura familiar". Esta estructura de poder estaría encabezada por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El pronunciamiento peruano califica este hecho como un "nuevo nivel de transgresión" a los principios más elementales que rigen cualquier sistema democrático. Asimismo, sostiene que se está vulnerando el derecho fundamental del pueblo nicaragüense a vivir en libertad. Desde la perspectiva del Estado peruano, estas acciones representan un atentado directo contra la legitimidad del ordenamiento legal de Nicaragua, incurriendo en una violación flagrante de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los compromisos internacionales que el país ha asumido previamente en materia de derechos humanos.
Uno de los puntos más críticos señalados en el comunicado es la situación electoral. El Gobierno del Perú ha asegurado que la aprobación de esta iniciativa legislativa reafirma que, en la actualidad, no existen las condiciones mínimas necesarias para que se desarrollen procesos electorales que puedan ser calificados como libres, justos y competitivos. Esta conclusión subraya la gravedad de la crisis institucional que atraviesa Nicaragua, donde la normativa interna estaría siendo moldeada para asegurar la permanencia del poder vigente.
Además de las críticas a la reforma constitucional, el Ejecutivo peruano ha lanzado fuertes acusaciones contra el "aparato represor" del régimen liderado por Ortega y Murillo. El comunicado denuncia que este aparato se ha encargado de criminalizar de forma sistemática y arbitraria a la legítima oposición democrática. Según el texto, estas persecuciones están dirigidas contra aquellos sectores que luchan activamente por la recuperación de la democracia en el país hermano.
Finalmente, el Gobierno del Perú ha aprovechado este pronunciamiento para reafirmar su compromiso inquebrantable con la defensa y la promoción de la democracia y los derechos humanos a nivel global. En un gesto de solidaridad, el Ejecutivo expresó su respaldo total al pueblo nicaragüense, haciendo mención específica a los presos políticos, a las personas exiliadas y a todos aquellos ciudadanos que son perseguidos por reclamar el derecho a elecciones libres.
El documento, identificado como el Comunicado Oficial 015-26, resume la posición oficial del Estado peruano ante lo que considera una degradación acelerada del sistema democrático en Nicaragua, instando nuevamente a que la comunidad internacional no permanezca indiferente ante el avance de medidas que anulan la voluntad popular y el marco legal internacional.
