¿Quiénes controlan ahora el Poder Judicial en Nicaragua? La Asamblea Nacional ha oficializado el nombramiento de Ana Julia Guido como presidenta de la Corte Suprema de Justicia y de José Manuel Fuertes como vicepresidente.
Ana Julia Guido, de 66 años, cuenta con una larga trayectoria en el Frente Sandinista. Fue Fiscal General de la República desde 2014 y subdirectora de la Policía. Sin embargo, su ascenso ocurre bajo la sombra de sanciones internacionales. En 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó por coordinar con la Policía Nacional la fabricación de casos contra presos políticos y sus familias. Además, un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado en abril de 2025, la identifica como una de las funcionarias responsables de la represión en el país.
Por su parte, el nuevo vicepresidente, José Manuel Fuertes, es un militar en retiro y exsecretario político del FSLN en el departamento de Boaco. Es esposo de la exalcaldesa de Boaco, Karla Yaoska Espinoza Peña, quien fue destituida de su cargo en 2024.
Estos nombramientos son el resultado de una "barrida" ordenada por Rosario Murillo y ejecutada por Fidel Moreno en noviembre de 2025, que provocó la renuncia en cascada de varios magistrados, entre ellos Yadira Centeno y Ellen Joy Lewin. En la misma jornada, el parlamento también aceptó la renuncia de la magistrada Alba Luz Ramos.
Con estos movimientos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolida la estructura de la Corte Suprema con figuras leales y con antecedentes vinculados a la represión estatal, ignorando las sanciones internacionales impuestas a la nueva presidenta.
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