La economía del país llega al cierre del año presentando un panorama contrastado. Mientras que el mercado laboral muestra cifras de desempleo en niveles mínimos, la estabilidad macroeconómica se ve amenazada por un repunte en la inflación, el incremento de la deuda pública y un déficit fiscal que requiere ajustes urgentes.
En materia de costos de vida, la inflación ha retornado a niveles superiores al 6%, ubicándose en un 6,03% con corte al mes de julio. Este incremento está impulsado principalmente por el fenómeno de El Niño, que ha generado presiones directas en el sector de los alimentos —con una variación anual de precios del 6,14%— y en los productos regulados. Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de energéticos, que abarca gas, energía para consumo hogar y combustibles para vehículos, registró una variación del 2,62%.
Ante este escenario, el Emisor ha mantenido una política monetaria restrictiva. Aunque la tasa de intervención se ha mantenido inalterada en el 12% durante las últimas Juntas, es importante notar que al inicio del año se situaba en el 9,25%, acumulando así incrementos por 275 puntos básicos para intentar frenar la escalada de precios.
En cuanto a las obligaciones financieras, la deuda externa llegó en mayo al 50,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa una suma de US$242.027 millones. De este monto, US$145.917 millones corresponden a obligaciones públicas con el exterior, mientras que el sector privado representa el 20% del PIB con US$96.110 millones.
Paralelamente, la deuda interna con corte a julio se sitúa en $1.167 billones, equivalente al 60,5% del PIB. Este peso recae mayoritariamente en las obligaciones internas debido a la fuerte emisión de títulos TES en el mercado local. De hecho, el Ministerio de Hacienda ya ha emitido más de $59 billones en subastas de TES este año, acercándose al cupo máximo autorizado de $61 billones, lo que plantea la interrogante sobre si el Crédito Público ampliará dicho cupo mediante decreto en los próximos meses.
Otro factor relevante es el comportamiento del peso colombiano, que ha mostrado una tendencia de apreciación constante. Al inicio del año, la tasa de cambio se encontraba en $3.770 y para el 28 de agosto se registró en $3.202, lo que implica una apreciación cercana al 16% a lo largo de 2026. Esta situación ha generado presión sobre el sector agroexportador, aunque economistas como David Cubides, jefe del Banco de Occidente, señalan que el reciente rebote del dólar podría reducir algunos riesgos para la industria nacional.
El panorama fiscal es uno de los puntos más críticos. El nuevo gobierno, liderado por De la Espriella, estima que el déficit para el cierre de este año será del 8,2%, una cifra considerablemente más alta que el 5,3% proyectado por la administración saliente. Para 2027, las proyecciones son aún más preocupantes, con un déficit estimado del 9,4%, el cual sería el más alto en la serie histórica, y una deuda neta que alcanzaría el 67% del PIB. Para mitigar esto, se prevé un ajuste de $21,9 billones que busca reducir el déficit previsto para 2026.
Respecto al crecimiento económico, el Dane reportó un aumento del PIB del 3,5% en el segundo trimestre del año. No obstante, Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, advierte que este crecimiento es temporal y no sostenible, ya que se fundamentó en el gasto público, las elecciones, el Mundial y factores climáticos.
En el ámbito laboral, aunque la tasa de desempleo se mantiene en un 8%, se observa que la mayor parte de los empleos creados provienen del sector público, mientras que la informalidad persiste por encima del 50%.
Finalmente, expertos como Oliver Pardo, del Centro Javeriano de Competitividad, subrayan la importancia del Presupuesto General. Pardo destaca que el gasto primario aumentó de $381 a $424 billones en la última actualización del Plan Financiero, lo que representa un incremento de $43 billones, equivalentes a más de dos puntos del PIB.
