Una mansión valuada en 20 millones de dólares en Pilar y 54 vehículos de alta gama en su interior. Este es el escenario de una causa por presunto lavado de activos que ahora podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal general Mario Villar prepara un recurso extraordinario federal para intentar revertir el traslado del expediente hacia la Justicia Federal de Campana. Villar califica esta decisión como “arbitraria” y sostiene que la investigación no debe centrarse únicamente en la ubicación territorial de la propiedad, sino en el origen del dinero utilizado para comprarla.
Según el fiscal, esos fondos podrían provenir de maniobras irregulares vinculadas con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA. Por este motivo, plantea que la causa debería regresar al juez federal Daniel Rafecas, en Comodoro Py, quien ya había intervenido en el proceso.
En la otra vereda, las defensas de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte —dueños de la sociedad Real Central SRL y presuntos testaferros— reclamaron el traslado a Campana argumentando que la competencia debe definirse por el lugar donde se encuentra el inmueble. Al respecto, el juez Mariano Borinsky explicó que el lavado de dinero es un delito federal y que, por lo tanto, el fuero Penal Económico no es competente.
El nuevo recurso de Villar será presentado este lunes. Si la Cámara de Casación rechaza el planteo, el fiscal recurrirá en queja directamente ante el máximo tribunal del país. Mientras tanto, el expediente sigue rodeado de interrogantes, ya que los imputados no han logrado explicar cómo financiaron la adquisición de la lujosa propiedad.
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