Familiares y allegados de la ciudadana María Núñez han hecho un llamado público y formal a las autoridades competentes para que se inicie una investigación exhaustiva sobre un procedimiento llevado a cabo en un inmueble ubicado en la calle Camini No. 93, en el sector Los Cacicazgos del Distrito Nacional. Los denunciantes sostienen que Núñez y sus parientes fueron retirados de la propiedad de manera irregular, alegando que en ningún momento se les presentó una orden judicial o una autorización de desalojo que validara la acción.
Según el relato de los allegados, el procedimiento resultó en una grave crisis de salud para María Núñez. La tensión y el impacto del suceso provocaron que la mujer sufriera un preinfarto, lo que obligó a que fuera trasladada de urgencia en una ambulancia para recibir la asistencia médica necesaria. Afortunadamente, fuentes familiares informaron posteriormente que, tras recibir los cuidados médicos pertinentes, la salud de Núñez se encuentra actualmente estable, aunque el episodio ha dejado una profunda consternación en su entorno.
Ante la gravedad de lo ocurrido, la familia de la afectada reclama respuestas claras y transparentes por parte de las instituciones del Estado. Exigen que las autoridades expliquen detalladamente quién fue la persona o entidad que ordenó el procedimiento, cuál fue el fundamento legal utilizado para justificar la intervención y qué documentos oficiales autorizaban la actuación en el inmueble. Los familiares enfatizan que Núñez es la propietaria de la vivienda y que se encontraba en el interior de la propiedad en el momento exacto en que se produjo la intervención.
Un punto central de la denuncia radica en la supuesta ausencia de documentación legal durante el operativo. Los familiares aseguran que, en reiteradas ocasiones, solicitaron conocer los documentos que sustentaban el acto de retiro, pero afirman que no se les mostró ninguna orden judicial, autorización de desalojo ni ningún otro documento oficial que legitimara la acción de las personas presentes en el lugar.
En este contexto, los denunciantes han puesto especial énfasis en la participación de un individuo identificado como Nelson Beltré. De acuerdo con la versión de la familia, Beltré se habría identificado durante el procedimiento como fiscal. Debido a esto, los allegados de Núñez han solicitado formalmente al Ministerio Público que esclarezca la condición oficial de esta persona, cuáles son sus funciones reales dentro de la institución y bajo qué autoridad legal habría participado en el retiro de los ocupantes de la vivienda.
Además de Beltré, la denuncia vincula a otras dos personas identificadas como Edgar Hernández y Mabel Luciano. Es importante señalar que estos señalamientos forman parte de la versión proporcionada por los familiares de la afectada y, como tales, requieren ser comprobados y validados a través de las investigaciones que correspondan por parte de las autoridades judiciales.
La familia ha solicitado formalmente que se investigue si existía alguna orden judicial válida para retirar a María Núñez y a sus parientes del inmueble. Asimismo, piden que se determine quién dispuso la actuación, se identifique a cada uno de los participantes en el operativo y se establezca si el procedimiento cumplió con las garantías fundamentales del debido proceso, el cual es un derecho básico en cualquier actuación legal.
Para asegurar que el caso sea atendido con la rigurosidad necesaria, los solicitantes han pedido que la denuncia llegue al conocimiento de las instancias superiores del Ministerio Público. Específicamente, han mencionado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a Rosalba Ramos, instándolas a revisar el caso dentro del ámbito de sus respectivas competencias para garantizar que se haga justicia.
El clamor de los allegados de María Núñez se resume en una búsqueda de transparencia y legalidad. “Queremos respuestas. Queremos saber quién ordenó este procedimiento, con qué documento y bajo qué autoridad se realizó”, expresaron los familiares, quienes permanecen a la espera de que el Ministerio Público y las autoridades correspondientes inicien las diligencias para esclarecer los hechos ocurridos en el sector Los Cacicazgos.
