¿Puede el poder bruto dictar la política exterior de una potencia? La administración de Donald Trump parece creer que sí. Basándose en lo que su asesor Stephen Miller llama las “leyes de hierro” —un mundo gobernado por la fuerza y el poder—, Washington ha implementado una estrategia de presión máxima contra aliados y enemigos.
En el frente de Irán, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una “ofensiva económica” para cortar las conexiones financieras globales de Teherán, utilizando una polémica analogía con el Día D de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el éxito de estas sanciones depende del apoyo internacional, y la falta de medidas inmediatas contra bancos chinos que facilitan el petróleo iraní genera dudas sobre la efectividad real del plan.
Simultáneamente, Trump ha trasladado esta guerra económica a Canadá. El primer ministro Mark Carney ha denunciado que Estados Unidos utiliza la integración económica como un arma, llegando a suspender las negociaciones comerciales. La retórica se ha vuelto tóxica, con el vicepresidente J.D. Vance sugiriendo que Canadá es un estado más de la Unión, mientras que el primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha respondido con dureza a las provocaciones.
Pero imponer la voluntad estadounidense tiene un costo. Un duelo arancelario prolongado podría provocar la destrucción mutua de la industria automotriz en ambos lados de la frontera y elevar los precios de la energía y los alimentos para los consumidores estadounidenses. Además, el impacto de los boicots canadienses podría debilitar a los republicanos en estados clave como Michigan y Maine.
Al intentar imponer su dominio, Trump podría descubrir una ley de hierro olvidada: cuando un pueblo siente amenazada su soberanía e independencia por una potencia superior, prácticamente no hay precio que no esté dispuesto a pagar.
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