¿Puede un país declarar que las leyes internacionales no tienen valor en su territorio? En Nicaragua, esto ya es una realidad constitucional.
La Asamblea Nacional, bajo el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó a mano alzada y sin debate una adición al artículo 12 de la Constitución Política. Este nuevo párrafo establece que ninguna ley, fallo o resolución emitida por estados extranjeros u organismos internacionales tendrá validez o jurisdicción dentro del territorio nicaragüense.
Según el texto aprobado, solo serán aplicables los convenios firmados formalmente en nombre del Estado nicaragüense. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, argumentó que esta medida busca garantizar que el país sea exclusivo para los nicaragüenses.
En la práctica, este cambio eleva a rango constitucional un blindaje diseñado para ignorar las sanciones y resoluciones de la comunidad internacional, específicamente de organismos como la OEA y el gobierno de Estados Unidos.
Este proceso ocurre mientras avanzan las llamadas "consultas" sobre la reforma constitucional. Sin embargo, estas sesiones se han limitado a funcionarios, alcaldes, mandos del Ejército y la Policía, así como sectores afines al gobierno.
Hasta el 22 de agosto de 2026, se reportó la consulta de más de 92 mil personas, sin que se haya registrado ninguna objeción al texto. La transparencia es limitada, ya que el contenido íntegro de la reforma no ha sido divulgado antes del dictamen final, previsto para la primera semana de septiembre de 2026.
Con esta acción, la dictadura busca neutralizar preventivamente el impacto de futuras presiones económicas y profundiza el aislamiento institucional para asegurar la impunidad de su proyecto dinástico.
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