La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la detención de Fausto Corrales el pasado 19 de agosto de 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Corrales es señalado por encubrimiento en el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como por falsedad de declaraciones ante las autoridades de procuración de justicia. Tras su captura, un juez federal dictó prisión preventiva justificada, ordenando su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano. Esta acción representa la primera detención en el marco de este caso después de dos años de investigaciones.
Los hechos se remontan al 25 de julio de 2024, día en que el exrector Cuén Ojeda fue asesinado y el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue secuestrado. En aquel momento, Fausto Corrales declaró ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa que acompañaba a Cuén debido a que el político no podía conducir tras una cirugía reciente. Según la versión inicial respaldada por la fiscalía estatal, ambos desayunaron en Bacurimí y posteriormente se detuvieron en la gasolinera de La Presita, donde fueron atacados por dos hombres en motocicleta. Corrales afirmó haber trasladado a Cuén a la clínica CEMSI Chapultepec, donde finalmente falleció.
Sin embargo, esta narrativa comenzó a desmoronarse debido a inconsistencias graves. La Fiscalía de Sinaloa presentó un video sin sonido del supuesto ataque, pero los empleados de la estación de servicio declararon no haber escuchado disparos. Además, el cuerpo de Cuén presentaba cuatro heridas de bala en las piernas y un hematoma en la cabeza, mientras que el video solo mostraba un disparo. La FGR, al atraer el caso el 15 de agosto de 2024, calificó la carpeta como compuesta por "elementos no fidedignos" y criticó la incineración del cuerpo antes de agotar las pruebas forenses, calificando la decisión como contraria a las prácticas criminalísticas. En septiembre de ese año, la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez renunció a su cargo por sugerencia del gobernador Rubén Rocha Moya.
El caso tomó un giro determinante con la versión de Ismael “El Mayo” Zambada, quien fue trasladado por la fuerza a El Paso, Texas, el mismo día del crimen. A través de una carta difundida por su abogado, Zambada relató que Joaquín Guzmán López lo convocó a la finca Huertos del Pedregal bajo el pretexto de mediar en un conflicto entre Cuén y el gobernador Rocha Moya por el control de la UAS. El capo afirmó categóricamente que Cuén fue asesinado en el mismo lugar y momento en que él fue secuestrado. Peritajes posteriores de la FGR confirmaron la presencia de sangre de Cuén Ojeda en la finca y sangre de Rodolfo Chaidez Mendoza, escolta de Zambada, en la camioneta utilizada para montar la escena del crimen.
Recientemente, el periodista Luis Chaparro, de Pie de Nota, publicó el testimonio de un integrante de la estructura central de "Los Chapitos" que estuvo presente en Huertos del Pedregal. El testigo afirma que Cuén y Corrales fueron los primeros en llegar a la cita, la cual habría sido confirmada por conductos políticos a través de Enrique Díaz. El testigo describió la presencia de hombres con equipo táctico y armamento extraño, cuya identidad no pudo confirmar, pero sugirió que podrían haber sido agentes de Estados Unidos.
Según este relato, tras la captura y retiro de Zambada, se produjo un intercambio de disparos entre escoltas que dejó herido a Cuén. Tanto el exrector como Fausto Corrales fueron retenidos, atados de pies y manos, y presuntamente obligados a ingerir agua con alguna sustancia que alteró su conciencia. El testigo asegura que Cuén seguía vivo cuando fue colocado en la camioneta para ser trasladado.
El testimonio es explosivo al señalar que Fausto Corrales no fue cómplice voluntario, sino que fue amenazado y obligado a conducir el vehículo hacia la gasolinera para simular el ataque. El integrante de Los Chapitos afirma haber viajado armado en la parte posterior de la camioneta vigilando a Corrales, descendiendo del vehículo justo antes de entrar a la gasolinera para abordar una patrulla municipal. Asimismo, denunció que Dámaso Castro Saavedra, entonces vicefiscal de Sinaloa, llegó a la finca después de la salida de Zambada y participó en las decisiones sobre el destino de Cuén y Corrales.
Finalmente, investigaciones paralelas realizadas por la periodista Sandra Romandía en Emeequis coinciden con estos puntos. Fuentes cercanas a Corrales indican que el abogado vivió meses de trauma, separado de su familia y bajo vigilancia. Se reportó que un grupo armado intentó secuestrar a su esposa e hijas en Culiacán, logrando llevarse a su suegra y a su cuñado, quien permanece en estado grave en un hospital de Nuevo León. Corrales sostenía que el disparo contra Cuén fue un accidente durante un forcejeo y que fue forzado a obedecer las órdenes de sus captores bajo amenaza de muerte.
