La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha manifestado su profunda preocupación ante la falta de cooperación de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), luego de que transcurriera más de un mes sin que la agencia entregara información crucial sobre procesos de adquisición energética. A través de una comunicación oficial publicada este jueves 20 de agosto de 2026, el organismo fiscalizador subrayó que la AAPP, bajo la dirección de Josué Colón, ha ignorado repetidas solicitudes de datos esenciales para validar la transparencia de proyectos de gran escala.
El conflicto se centra en dos iniciativas energéticas fundamentales para la isla: un proyecto destinado a crear una nueva capacidad flexible de generación que contempla hasta 3,000 megavatios (MV), y otro proyecto de capacidad firme de generación en la central Costa Sur, estimado en aproximadamente 600 MV. Según la misiva firmada por Jaime A. El Koury, asesor legal general de la Junta Fiscal, la ausencia de respuestas impide que la JSF cumpla con sus mandatos legales.
Específicamente, El Koury señaló que el silencio de la AAPP obstaculiza el ejercicio de las responsabilidades de la Junta Fiscal relacionadas con la Sección 204 de la Ley PROMESA. Esta normativa exige que la JSF asegure que todos los contratos gubernamentales sean consistentes con los Planes Fiscales, promuevan la competencia real en el mercado y, fundamentalmente, fortalezcan la confianza del público en los procesos de contratación del Estado.
La cronología de los hechos revela que la solicitud original de información fue emitida el 17 de julio de 2026. En aquel momento, la Junta Fiscal solicitó que la AAPP proporcionara respuestas completas sobre asuntos significativos que aún estaban pendientes, advirtiendo que dicha información debía ser entregada antes de que se procediera con cualquier selección o adjudicación final de los contratos. Sin embargo, el asesor legal insistió en que, a pesar de múltiples solicitudes de seguimiento y diversos compromisos adquiridos por la AAPP para entregar los documentos, han transcurrido 33 días sin que se haya recibido la información requerida.
Entre los datos omitidos por la agencia se encuentran detalles críticos sobre los criterios de evaluación utilizados para determinar si los proponentes poseían la capacidad técnica y financiera necesaria para ejecutar las obras. La JSF solicitó evidencias concretas de financiamiento, estados financieros auditados, garantías de las matrices y cartas de crédito que avalaran la solvencia de las empresas participantes.
Además de las dudas financieras, la Junta Fiscal insistió en que permanecen sin resolver asuntos estructurales y procesales de alta complejidad. Estos incluyen el acceso portuario, la infraestructura necesaria, la logística para el suministro de combustible, los requisitos de interconexión y los permisos correspondientes. Asimismo, la JSF cuestionó los costos totales de los proyectos, su viabilidad de entrega en los plazos previstos y, sobre todo, la asequibilidad de estos para los consumidores finales de energía en Puerto Rico.
El documento también hace referencia a problemas de gobernanza, cuestionando los roles y las responsabilidades de las entidades encargadas de supervisar procesos de contratación de tal magnitud. Ante este escenario, la Junta Fiscal ha ordenado a la AAPP que someta de manera inmediata las respuestas completas a la solicitud de información.
Este enfrentamiento ocurre en un contexto de alta tensión, luego de que la JSF revocara esta misma semana su endoso a un contrato valorado en 5,887 millones de dólares otorgado al consorcio liderado por Power Expectations. Dicho contrato fue cancelado el pasado martes por la Autoridad de Energía (AEE). La Junta Fiscal vinculó este evento con la falta de transparencia actual, señalando que el caso de Power Expectations ilustra serias preocupaciones sobre la suficiencia de los procesos de debida diligencia y la verificación de las credenciales de los proponentes, lo que, a su juicio, socava la confianza en el sistema de contratación.
Debido a la gravedad de las supuestas irregularidades, el caso ha sido referido al Departamento de Justicia y a las autoridades federales para su investigación. A pesar de reconocer la urgencia de garantizar una capacidad de generación eléctrica confiable para la isla, la JSF enfatizó que la prisa no debe justificar la falta de competitividad o transparencia. El organismo concluyó que, dada la magnitud y el impacto a largo plazo en el sistema energético, es imperativo proteger a los abonados y atraer a participantes cualificados para lograr proyectos viables con tarifas competitivas para el pueblo de Puerto Rico.
