El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 ha marcado el inicio de una etapa de alta fricción diplomática y seguridad entre Estados Unidos y México. Desde el comienzo de su segundo mandato, el presidente estadounidense ha implementado una serie de órdenes ejecutivas enfocadas en el control migratorio, la declaración de emergencia nacional en la frontera y la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras. Esta postura radical y proteccionista ha generado una escalada de amenazas sobre la intervención directa en territorio mexicano, bajo el argumento de que el gobierno federal no colabora lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico.
La relación bilateral se ha visto afectada por una estrategia de presión que abarca los ámbitos económico, migratorio y judicial. En el plano económico, el 12 de julio de 2025, Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 30% a México y a la Unión Europea. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario justificó estas medidas señalando la introducción de drogas ilegales provenientes de México y un desequilibrio comercial con la UE. Aunque Trump reconoció los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar el flujo de fentanilo y migrantes, reiteró que las medidas son insuficientes para evitar que América del Norte sea un “parque de juegos del narcotráfico”.
Paralelamente, el gobierno estadounidense ha utilizado la revocación de visas como una herramienta de presión política. Casos como los de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, evidencian esta tendencia. Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido tajante al afirmar que las visas no representan un derecho constitucional y que serán retiradas a cualquier visitante que represente una amenaza para la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos. Recientemente, Andy López Beltrán también denunció la cancelación de su visa, calificando la medida como "politiquera y propagandística".
La tensión ha alcanzado niveles críticos con las amenazas de intervención militar. Reportes de NBC News indicaron que la administración Trump planearía ataques contra instalaciones y líderes de cárteles mediante el uso de drones y el despliegue de tropas y oficiales de inteligencia bajo el "estatus del Título 50", que permite operaciones encubiertas coordinadas por la CIA y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. El 8 de enero de 2026, Trump confirmó la intención de iniciar ataques terrestres contra los cárteles, asegurando que estas organizaciones controlan a México.
Ante estos planteamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme en defensa de la soberanía nacional. En sus conferencias matutinas, la jefa de Estado ha rechazado cualquier intento de injerencismo, subordinación o violación al territorio mexicano, calificando la propuesta de enviar fuerzas armadas estadounidenses como innecesaria y contraria al respeto a la soberanía.
En el ámbito judicial, el conflicto se intensificó el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, señalándolos de pactar con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Mientras Rocha Moya rechazó las acusaciones calificándolas como un ataque a la Cuarta Transformación, la presidenta Sheinbaum solicitó a Estados Unidos que sustente dichas imputaciones con pruebas, asegurando que su gobierno no defenderá a nadie culpable.
Finalmente, la crisis se extiende a la vulneración de derechos humanos. La cancillería mexicana ha presentado 20 denuncias ante fiscalías en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del ICE. Ante la falta de resultados, la presidenta Sheinbaum ha planteado la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para detener el maltrato a los ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense.
