El Gobierno de Nuevo León ha extendido un llamado formal al Congreso local para iniciar un proceso de renegociación del Presupuesto del año 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo principal establecer un marco financiero que permita a todas las instituciones del estado contar con los recursos necesarios para "pasar" el año, asegurando así la operatividad de las diversas dependencias gubernamentales. Sin embargo, esta propuesta ha sido recibida con cautela por parte de los legisladores, quienes han planteado condiciones específicas para acceder a las mesas de diálogo.
El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, fue el encargado de formalizar esta invitación el pasado jueves. Según lo detallado por el funcionario, la reunión para tratar la renegociación del presupuesto está programada para el próximo miércoles 2 de septiembre. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, espacio donde se espera que las partes lleguen a un entendimiento fiscal.
En un esfuerzo por brindar transparencia y legitimidad a los acuerdos que pudieran derivarse de esta reunión, Flores Serna informó que se invitará a diversas cámaras empresariales. Específicamente, mencionó la participación de Caintra Nuevo León, con el propósito de que estas organizaciones funjan como testigos presenciales y revisen minuciosamente los acuerdos que se traten durante la sesión. Esta medida busca garantizar que los compromisos financieros sean claros y revisados por actores externos al gobierno y al legislativo.
Por su parte, los diputados locales han manifestado que su disposición al diálogo está sujeta al cumplimiento de ciertas exigencias. Carlos de la Fuente, quien se desempeña como coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que su grupo parlamentario está abierto a la interlocución. No obstante, subrayó un punto crítico respecto a la representatividad del Ejecutivo en estas negociaciones. De la Fuente señaló que Ulises Carlín, quien actualmente ocupa el cargo de encargado de Despacho de la Tesorería, no cuenta con un puesto legalmente constituido que le faculte para negociar temas presupuestarios con el Poder Legislativo.
Además de la cuestión legal sobre la Tesorería, el coordinador del PAN argumentó que existen adeudos pendientes con los municipios que deben ser atendidos. Asimismo, expresó su preocupación sobre el financiamiento, indicando que no se aceptarán esquemas que impliquen un financiamiento excesivo para el estado, lo que añade una capa de complejidad a las negociaciones presupuestarias.
En la misma línea de cautela, la diputada local de Morena, Greta Barra, manifestó que su grupo legislativo también está dispuesto a abordar el tema del presupuesto. Sin embargo, Barra fue enfática al señalar que Morena no aceptará un esquema de financiamiento que resulte "excesivo". La legisladora aprovechó la intervención para hacer un señalamiento hacia la oposición, lamentando que el Presupuesto correspondiente al año en curso no haya sido aprobado debido a que, según su postura, los sectores opositores se negaron a poner dicho tema sobre la mesa de discusión.
Este escenario de tensión legislativa y administrativa ocurre en un contexto de incertidumbre fiscal, ya que el tema financiero del año en curso se encuentra atorado desde diciembre del 2025. La búsqueda actual del Gobierno de Nuevo León es lograr que, en el nuevo periodo de sesiones, se pueda finalmente destrabar el conflicto fiscal y aprobar los instrumentos presupuestarios necesarios.
En resumen, la reunión del 2 miércoles de septiembre se presenta como un punto clave para definir la estabilidad financiera de las instituciones del estado. Mientras el Gobierno busca una salida viable mediante la mediación de cámaras empresariales y la renegociación del presupuesto 2026, el Congreso local mantiene sus reservas, centrando sus exigencias en la legalidad de los interlocutores, el pago a los municipios y el control estricto del endeudamiento público.
