En una rueda de prensa celebrada este lunes 10 de agosto de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre una decisión estratégica del Gobierno nacional destinada a fortalecer la seguridad en la capital. La autoridad anunció que el Estado asumirá el control director del Centro de Cámaras de Quito, con el objetivo primordial de integrar este sistema de videovigilancia de manera plena y efectiva al trabajo operativo desarrollado por la Policía Nacional.
Esta medida ha sido implementada bajo la premisa de optimizar los recursos tecnológicos disponibles para enfrentar la amenaza del crimen organizado. Según explicó el ministro Reimberg, la intervención busca, fundamentalmente, destrabar diversos procesos burocráticos que hasta el momento habían limitado la eficiencia del sistema, permitiendo que la tecnología se convierta en un apoyo real y directo para las acciones policiales en el terreno.
Durante su intervención, el titular de la cartera de Estado denunció la existencia de graves inconsistencias en la actual administración del sistema de videovigilancia de la ciudad. Uno de los puntos más críticos revelados por el funcionario es la situación de las cámaras que se encuentran enlazadas al proveedor TELCONET. Reimberg señaló que estos dispositivos permanecen bloqueados y sin la debida regularización desde enero de 2026, lo que representa una falla significativa en la capacidad de monitoreo de la capital.
Además de los problemas de regularización, el ministro advirtió sobre irregularidades técnicas en la infraestructura del sistema. De acuerdo con la información proporcionada, tanto la conectividad como el centro de datos se encuentran ubicados fuera de las salas de monitoreo oficiales. Esta configuración, según el funcionario, compromete la eficiencia operativa y la seguridad de la información manejada por el sistema de vigilancia.
La falta de centralización mencionada por Reimberg ha derivado en una situación que el ministro calificó como preocupante: la proliferación de denominadas "salas espejo". Estas instalaciones operan sin contar con las medidas de seguridad requeridas para el manejo de datos sensibles. El ministro detalló que, a través de estas salas, diversas instituciones, incluyendo el Municipio de Quito, han tenido acceso al flujo de imágenes de las cámaras, operando al margen de un control centralizado y seguro.
En cuanto a la visión estratégica de esta intervención, el ministro del Interior enfatizó que la videovigilancia no puede seguir siendo utilizada únicamente como un registro posterior a la comisión de un delito. Reimberg fue enfático al señalar que el sistema no debe servir para observar el delito impune una vez que este ya ha ocurrido, sino que debe transformarse en una herramienta proactiva de seguridad ciudadana.
Para el ministro, el propósito real de la red de cámaras debe ser la anticipación. El objetivo es que la tecnología permita identificar a los presuntos delincuentes en tiempo real, seguir sus movimientos a través de la ciudad y, finalmente, facilitar las labores de captura por parte de los agentes policiales. Con este enfoque, el Gobierno busca pasar de una vigilancia reactiva a una operativa que impacte directamente en la reducción de la impunidad.
Ante las posibles interpretaciones sobre esta medida, John Reimberg aclaró que la decisión de tomar el control director del Centro de Cámaras no responde a disputas relacionadas con las competencias institucionales ni a rivalidades de carácter político. El funcionario subrayó que la intervención es una respuesta a la necesidad urgente de brindar soluciones operativas y respuestas concretas a la ciudadanía, que demanda mayor seguridad en las calles de Quito.
Finalmente, el ministro aseguró que, a partir de este lunes, cada dispositivo del sistema de videovigilancia tendrá una misión específica y clara: prevenir la comisión de delitos, reaccionar con rapidez ante las emergencias y capturar a los responsables de los hechos delictivos en la capital. De esta manera, el Gobierno nacional pretende convertir la infraestructura tecnológica de la ciudad en un activo estratégico para la seguridad pública.
