El economista Andrés Neumeyer, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador del CONICET y exsubgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), analizó la propuesta del Gobierno nacional de reformar la Carta Orgánica del organismo monetario. Según el especialista, esta medida podría representar una de las transformaciones más significativas del programa económico de Javier Milei y una herramienta decisiva para consolidar la tendencia a la baja de la inflación.
En diálogo con el medio Ámbito, Neumeyer fue categórico al calificar la posible independencia del Banco Central como, posiblemente, la medida de política monetaria y antiinflacionaria más relevante de las últimas tres décadas en el país. El experto defendió que la autoridad monetaria debe tener como objetivo prioritario y exclusivo la estabilidad de precios, cuestionando la asignación de la responsabilidad de promover el empleo dentro de sus mandatos.
Al respecto, Neumeyer sostuvo que es falso que una mayor independencia del BCRA, incluso omitiendo el empleo entre sus metas, implique necesariamente un deterioro de la economía. Para ilustrar este punto, citó el caso de Paraguay, nación que ha conjugado durante 60 años niveles bajos de inflación junto con un crecimiento sostenido. El economista argumentó que el Banco Central no posee la capacidad de generar empleo de manera permanente y que intentar utilizar la política monetaria para ese fin suele producir efectos transitorios que culminan en un aumento generalizado de los precios.
Sobre el desempeño actual del Gobierno, Neumeyer señaló que la gestión avanza con objetivos claros: el ordenamiento fiscal del Estado, un proceso gradual de desregulación y un programa para contener la inflación basado en la reducción de la emisión monetaria y el equilibrio fiscal. Considera que el proceso de hacer independiente al Banco Central es el paso siguiente para otorgar un mandato claro a sus autoridades y aspirar a reducir la inflación anual desde el 30% hacia un objetivo del 2%.
Sin embargo, el investigador advirtió que el camino hacia el crecimiento y el desarrollo es complejo y requiere tiempo. Recordó que el producto argentino se encuentra estancado desde 2011 y que, en términos per cápita, cae al ritmo del crecimiento poblacional. En este sentido, señaló que sería ingenuo esperar una riqueza inmediata, especialmente considerando los desafíos estructurales en el sistema educativo, un factor determinante en la distribución del ingreso. Neumeyer destacó que implementar una política educativa agresiva y de alta calidad en los sectores rezagados representa un desafío político inmenso, dada la polémica que generan incluso las pruebas estandarizadas en Argentina.
Uno de los puntos más críticos analizados por Neumeyer fue la inestabilidad regulatoria del país. Contrastó la trayectoria argentina con la de naciones como Chile, Corea, Brasil o Perú, que a pesar de haber atravesado crisis financieras o políticas profundas, mantuvieron el rumbo hacia el orden fiscal y la integración económica. En cambio, Argentina ha transitado un camino de "idas y vueltas", cambiando radicalmente la política económica en cada ciclo gubernamental, lo que ha provocado que la inversión como fracción del ingreso permanezca estancada.
Consultado sobre la competitividad electoral del Gobierno de cara a 2027, el economista afirmó no tener una respuesta definitiva, pero rechazó la premisa de que flexibilizar el programa económico garantizaría más votos. Argumentó que la sociedad rechazó el gradualismo en las elecciones de 2023 y que volver a ese enfoque podría desilusionar al electorado. Sobre la situación salarial, Neumeyer observó una heterogeneidad marcada: mientras los salarios del sector público bajaron y los del sector privado formal se mantuvieron relativamente planos, señaló que los salarios del sector informal —que representa cerca de la mitad del empleo— habrían subido significativamente en promedio.
Finalmente, Neumeyer vinculó la independencia del Banco Central con el fortalecimiento de la democracia. Definió a la inflación como un "impuesto no legislado" y regresivo, ya que permite transferir recursos al Tesoro mediante la emisión sin pasar por el proceso institucional del Congreso, afectando principalmente a quienes no tienen acceso al sistema financiero. En este contexto, aseguró que una entidad monetaria independiente, capaz de negar financiamiento al Poder Ejecutivo para evitar procesos inflacionarios, es fundamental para garantizar la legitimidad democrática y la estabilidad económica a largo plazo.
