La temporada 2026 del fútbol colombiano ha estado marcada por una tensión que trasciende lo estrictamente deportivo. Si bien en el campo de juego el Junior de Barranquilla logró consolidar su dominio al obtener su segundo título consecutivo en la Liga BetPlay tras vencer al Atlético Nacional, alcanzando así las 12 estrellas en su historia, el verdadero foco de atención se ha desplazado hacia las oficinas administrativas. El centro del conflicto es la negociación del nuevo contrato de los derechos de televisión, cuyo ciclo actual culmina en diciembre de 2026, dando inicio a las conversaciones para definir quién transmitirá los campeonatos profesionales entre 2027 y 2030.
Este proceso de negociación ha puesto al descubierto una profunda y desigual realidad financiera entre los 36 equipos que integran el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Mientras que algunos clubes cuentan con una solidez económica considerable y exigen mayores ingresos, para otras instituciones los derechos de televisión representan la única fuente de recursos para garantizar su supervivencia operativa.
La controversia escaló el pasado 22 de julio, cuando los ocho equipos más ganadores del país propusieron formalmente un cambio en el modelo de repartición de los fondos. La propuesta busca que el dinero no se distribuya bajo criterios fijos, sino que se premie el rendimiento deportivo en las campañas y los niveles de audiencia generados por cada equipo en los campeonatos. Este anuncio reveló la fragilidad de varios clubes y la brecha existente frente a las instituciones con mayores finanzas.
Según información proporcionada por una fuente a Infobae Colombia, los ingresos anuales por transmisiones se acercan a los 60 millones de dólares, cifra que el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, espera incrementar significativamente a partir de 2027. Sin embargo, la manera en que se distribuye este monto es el origen del descontento. Actualmente, los equipos se dividen en categorías “A” y “B”. Esta clasificación no depende de la división en la que compitan (primera o segunda), sino de haber permanecido tres años consecutivos o más en la máxima categoría.
Para acceder a los beneficios de la categoría “A”, no basta con el tiempo de permanencia; el club debe pagar unos derechos estimados en 5.000 millones de pesos. Bajo este esquema, equipos como Fortaleza, que completará sus tres años en 2026, y Llaneros, que lo hará en 2027, serían los próximos en entrar en escena.
La distribución financiera comienza con un descuento del 15% que se destina a la Dimayor para cubrir gastos administrativos, organización de torneos, arbitraje y hoteles. Del monto restante, el 75% se reparte entre los 25 conjuntos de la categoría “A”, mientras que solo el 10% se distribuye entre los 11 clubes de la categoría “B” para la temporada 2026. En términos porcentuales, esto significa que un equipo tipo B recibe aproximadamente el 0,90% de los ingresos, mientras que uno tipo A percibe el 3%.
Esta estructura, implementada desde 2012 con la llegada de Win Sports, ha generado una desventaja competitiva notable. Clubes como el Real Cartagena, que milita en el Torneo BetPlay desde 2013, permanecen en la categoría B, limitando su capacidad de inversión frente a otros equipos. Asimismo, aquellos clubes que logran el ascenso a la Liga BetPlay enfrentan una transición difícil, pues pueden pasar varias temporadas recibiendo solo el 0,3% frente al 3% de los equipos históricos.
La gravedad de la situación se refleja en el último informe de la Superintendencia de Sociedades sobre el comportamiento financiero de 2024. Mientras que Millonarios y Atlético Nacional diversifican sus ingresos mediante taquilla, patrocinios y premios de la Conmebol, equipos como Bogotá FC y Tigres dependen exclusivamente de los derechos de televisión para mantener sus plantillas y administración, a pesar de no contar con una audiencia masiva.
De cara al cierre de 2026, la incertidumbre crece. Carlos Mario Zuluaga ha manifestado que el producto tiene un potencial mayor y que buscan ofertas que puedan alcanzar los 100 millones de dólares anuales. Por su parte, Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, ha asegurado que su organización posee la infraestructura necesaria para renovar y que cuentan con una cláusula para igualar cualquier oferta externa. Guerrero subrayó que el problema de la repartición es un asunto interno de la Dimayor y no responsabilidad del canal transmisor.
