La conductora de televisión y exreina de belleza Laura Spoya se encuentra atravesando un complejo momento personal y financiero. Meses después de haber protagonizado un grave accidente de tránsito, la presentadora del programa ‘La manada’ ha visto cómo nuevos problemas legales y económicos tocan su puerta, según la información revelada recientemente por el espacio periodístico ‘Magaly TV, la firme’.
Los hechos que originaron esta situación se remontan al pasado 12 de febrero, fecha en la que Spoya estuvo involucrada en un accidente vehicular. El impacto fue de tal magnitud que la camioneta que conducía en aquel momento fue declarada como pérdida total. Si bien el incidente ocurrió hace varios meses, las repercusiones económicas y contractuales derivadas del siniestro y de otras relaciones laborales están saliendo a la luz ahora a través de diversos documentos notariales.
De acuerdo con la documentación exhibida por el programa de ATV, la influencer no solo enfrenta consecuencias por el choque, sino también reclamos económicos de entidades con las que mantenía vínculos comerciales. En total, la suma de las obligaciones pendientes que se le atribuyen a Laura Spoya superaría la cifra de los 20,000 dólares, distribuidos entre una empresa automotriz, el Estado y su antigua agencia de representación.
Uno de los focos de conflicto es la empresa Derco Perú S.A. La compañía le había otorgado a la exMiss Perú la camioneta involucrada en el accidente como parte de un acuerdo en el que ella se desempeñaba como embajadora de la marca. Tras la declaración de pérdida total del vehículo, surgió una diferencia económica; el seguro no asumió la totalidad del monto, quedando un saldo pendiente que la empresa solicita que sea cubierto por la conductora.
Según los informes difundidos, la suma adeudada a Derco Perú S.A. asciende a 4,230 dólares. El programa de televisión señaló que, ante la presunta falta de respuesta por parte de la influencer para regularizar este pago, la empresa decidió proceder con el envío de una carta notarial para exigir formalmente la cancelación del monto restante.
A este panorama se suma una sanción administrativa. Como consecuencia directa del accidente vehicular, Laura Spoya recibió una papeleta por una infracción calificada como grave. El valor de esta multa asciende a 1,280 soles, monto que también ha sido trasladado a la conductora para su correspondiente pago.
Sin embargo, la deuda más significativa proviene de su relación profesional con H&M Corporación Moncada S.A.C., la agencia de representación liderada por su exmanager, Hanna Moncada. A través de una carta notarial, la agencia reclama el pago de diversas obligaciones contractuales que habrían sido incumplidas por la figura pública.
En el documento mostrado en televisión, la agencia detalla que exige el cobro de 2,000 dólares en concepto de penalidad debido a un incumplimiento de la obligación de exclusividad. El texto es explícito al señalar que "cada transgresión de exclusividad acarrea una penalidad de 2,000 dólares por campaña", sugiriendo que cualquier nueva falta a este acuerdo implicaría cargos adicionales.
Además de las penalidades por exclusividad, H&M Corporación Moncada S.A.C. afirma que existe un saldo pendiente derivado de actividades y compromisos profesionales que no llegaron a concretarse. Tras realizar un cruce de las obligaciones económicas existentes entre ambas partes, la agencia sostiene que Laura Spoya mantiene un saldo a favor de la empresa por un monto de 14,240.20 dólares.
La urgencia de este cobro ha quedado plasmada en el ultimátum enviado a la conductora. En la carta notarial se le requiere formalmente que cumpla con cancelar el saldo pendiente en un plazo máximo de 48 horas. De no concretarse el pago en el tiempo establecido, la agencia advirtió que se verá en la "imperiosa necesidad" de iniciar las acciones legales correspondientes para recuperar el dinero.
Hasta el momento, estas revelaciones han puesto en evidencia la delicada situación financiera de la exMiss Perú, quien ahora deberá responder ante tres frentes distintos para evitar que sus problemas económicos escalen a instancias judiciales más severas.
