¿Es la legalidad una herramienta de justicia o un arma de persecución? En El Salvador, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha amenazado con procesos legales al Sindicato de Médicos del Seguro Social, SIMETRISSS, argumentando que una candidatura política afecta la lucha obrera.
Sin embargo, esta postura es señalada como contradictoria. Mientras el gobierno apela a la ley, organizaciones denuncian la realidad de más de 40 mil trabajadores despedidos del sector público y la remoción de más de 500 directivos sindicales que contaban con fuero constitucional.
Según el Movimiento de Trabajadores Despedidos, existe una estrategia sistemática de supresión de plazas y ahogamiento de organizaciones independientes, mientras se crean sindicatos alineados al Ejecutivo. A esto se suma el acuerdo con la Asociación Nacional de la Empresa Privada para salir de la "lista corta" de la Organización Internacional del Trabajo, lo que críticos describen como una componenda política que podría facilitar la impunidad laboral en el sector privado.
La ironía es marcada: el propio ministro Castro, quien hoy exige neutralidad, fue señalado por portar banderas y camisas institucionales de sindicatos en apoyo a candidatos políticos en el pasado.
Por su parte, el SIMETRISSS aclaró que ya realizó la separación orgánica del directivo postulante para garantizar la neutralidad del sindicato. Pero la preocupación es mayor: se denuncian casos de prisión política contra líderes obreros y muertes de sindicalistas en centros penales bajo el régimen de excepción, situaciones ante las cuales el Ministerio de Trabajo ha guardado silencio.
En un escenario donde defender los derechos laborales se ha vuelto una actividad de alto riesgo, el movimiento trabajador hace un llamado urgente a los organismos internacionales para que pongan su mirada sobre el país.
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