Rio Branco enfrenta una de las crisis de transporte colectivo más críticas de su historia. El sistema de autobuses ha colapsado tras la incautación judicial de parte de la flota de la empresa Ricco Transportes, provocando largas esperas, hacinamiento y graves dificultades para que ciudadanos lleguen a sus empleos y centros de estudio.
La tensión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento frente a la Alcaldía. Estudiantes de la Universidad Federal del Acre (Ufac) realizaron una movilización que terminó en denuncias de agresiones. La profesora Raquel Ishii, representante de la Adufac, calificó la situación como una "barbarie", denunciando que manifestantes armados con pancartas fueron reprimidos con gas pimienta, bastones y fusiles por parte de la policía militar.
Ante estos hechos, el concejal André Kamai afirmó que la capital ha llegado al "momento más grave" en materia de transporte. Tras reunirse con el alcalde Alysson Bestene, Kamai exigió la apertura de una investigación transparente y rígida sobre los actos de violencia cometidos contra los estudiantes, instando a las víctimas a registrar denuncias policiales y realizar exámenes médicos.
Desde el movimiento estudiantil, el presidente del DCE de la Ufac, Rubens, denunció que la falta de transporte está provocando que los alumnos pierdan clases y exámenes, asegurando que la paciencia de la población se ha agotado.
Como medida de solución, la Alcaldía coordina la transición hacia la empresa JTP Transportes, contratada de forma emergente. Se espera que una flota de 120 autobuses sea incorporada gradualmente en un plazo de hasta 90 días. Mientras tanto, la ciudad continúa operando con servicios reducidos y bajo un clima de alta tensión social.
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