La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano de 52 años, ha generado una fuerte ola de indignación y demandas de justicia tanto en el ámbito político como en el gubernamental. El ciudadano perdió la vida el pasado 7 de julio en la ciudad de Houston, Texas, luego de ser abatido por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el desarrollo de un operativo en dicha localidad.
Ante este hecho, el partido político Somos México emitió un enérgico pronunciamiento el pasado 12 de julio de 2026, el cual fue difundido a través de sus redes sociales, específicamente en la plataforma 'X'. En el comunicado oficial, la agrupación expresó su profunda indignación por el trágico suceso y manifestó su solidaridad con la familia de la víctima. No obstante, la organización fue tajante al señalar que, en casos de esta gravedad, el simple hecho de expresar el pésame no es suficiente.
El organismo político utilizó este espacio para hacer un llamado directo y severo al gobierno mexicano, subrayando que la responsabilidad y la obligación del Estado hacia sus connacionales no deben terminar al momento de cruzar la frontera. Según el argumento de Somos México, una nación que recibe de manera sostenida remesas y que reconoce el valor fundamental de las aportaciones económicas y sociales de sus migrantes, tiene el deber inexcusable de defenderlos activamente. Esta protección es especialmente crítica cuando los derechos fundamentales y la vida misma de los mexicanos se encuentran en peligro en territorio extranjero.
El fallecimiento de Lorenzo Salgado ha vuelto a encender las alarmas sobre el trato que reciben los migrantes en los Estados Unidos. De acuerdo con la información publicada por la organización, esta tragedia se suma a una lista desoladora: se reportan al menos 17 muertes de personas mexicanas en territorio estadounidense durante los últimos dos años. Ante este panorama, Somos México advirtió que la muerte de Salgado no puede permitirse el lujo de convertirse en una noticia pasajera más que termine en la impunidad, ya que millones de mexicanos radicados en el país vecino necesitan la certeza de que su país de origen no guardará silencio ante tales agresiones.
Asimismo, el pronunciamiento enfatizó un principio ético y jurídico fundamental: la situación migratoria de cualquier individuo jamás debe disminuir el valor de su vida humana. El partido sostuvo que ninguna política migratoria ni condición jurídica puede justificar el uso arbitrario de la fuerza por parte de las autoridades ni la posterior falta de rendición de cuentas sobre los operativos realizados.
Para concretar sus demandas, Somos México exigió tres acciones inmediatas. En primer lugar, demandó a las autoridades de los Estados Unidos el esclarecimiento total de los hechos que llevaron al abatimiento de Salgado. En segundo lugar, exigió al gobierno de México garantizar el litigio y brindar un acompañamiento consular, jurídico y humano que sea permanente para los deudos de la víctima. Finalmente, urgieron a ambas naciones a establecer un diálogo bilateral profundo para revisar los protocolos de actuación de las agencias migratorias estadounidenses, con el fin de proteger los derechos humanos y evitar que se repitan tragedias similares.
Por su parte, la respuesta gubernamental ha comenzado a tomar un rumbo más agresivo en términos legales. El pasado jueves 9 de julio, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, informó que solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales. Estas acciones legales se dirigirían tanto a las fiscalías estatales correspondientes como al Departamento de Justicia de Estados Unidos, enfocándose en las muertes de mexicanos que han ocurrido bajo custodia o durante operativos del ICE.
El objetivo central del canciller es denunciar a quien resulte responsable de estos hechos. Con esta estrategia, la SRE busca trascender el ámbito diplomático tradicional para entrar en procedimientos directamente penales dentro del territorio estadounidense, solicitando una investigación exhaustiva de lo ocurrido en cada uno de los casos registrados.
Velasco precisó que esta decisión responde a una instrucción directa de la presidenta, quien ordenó el inicio de acciones legales contundentes. La mandataria afirmó que la gravedad de estas tragedias exige la protección efectiva de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos. El secretario aclaró que esta ruta legal no se limitará únicamente al caso de Lorenzo Salgado, sino que abarcará todos los expedientes previos de víctimas en situaciones similares.
Previamente a esta fase de denuncias penales, el gobierno federal ya había implementado diversas medidas de apoyo, incluyendo asistencia económica, acompañamiento legal y humanitario para las familias afectadas, así como la ayuda necesaria para la repatriación de los restos. Además, la SRE ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta formal al gobierno estadounidense exigiendo el esclarecimiento de los hechos. Según aseguró Velasco, cada una de estas peticiones fue respondida por el gobierno de Estados Unidos, informando que existen investigaciones en curso, gestiones que se realizaron en paralelo al incremento de los reclamos de los familiares y la exigencia pública de una indagatoria profunda.
