¿Qué sucede cuando la tecnología destinada a salvar vidas simplemente no funciona? En la región del Catatumbo, la situación es crítica y el Ejército se encuentra vulnerable.
Este año se han registrado 172 ataques con drones cargados de explosivos, resultando en la muerte de seis militares, cinco civiles y dejando 141 heridos. Ante esta amenaza, el sector defensa priorizó la compra de equipos antidrones para proteger a la fuerza pública.
Se ejecutó un millonario contrato por más de 80.000 millones de pesos para adquirir 19 dispositivos: tres equipos fijos y 16 semifijos. Sin embargo, hoy se confirma que el sistema no está en funcionamiento. A pesar de que se concedió una prórroga hasta febrero de 2026, los equipos fueron devueltos tras fallar en las pruebas técnicas, ya que no lograban detectar los drones enemigos.
¿Dónde estuvo el error? El general (r) Erick Rodríguez señaló que el Ministerio ordenó que Codaltec realizara las compras. Al no tener capacidad de producción, Codaltec tercerizó la adquisición a través de un comercializador colombiano que ofreció un sistema australiano que, en la práctica, no sirvió para las necesidades del Catatumbo.
Actualmente, el contrato entró en fase de debido proceso para revisar el incumplimiento y aplicar posibles sanciones. No obstante, existe un riesgo financiero: que los 80.000 millones regresen al tesoro nacional y el próximo Gobierno los destine a otros fines.
Mientras la burocracia avanza, los ataques continúan con ferocidad. Un ejemplo reciente ocurrió en Tibú, donde un explosivo lanzado desde un dron destruyó parte del aeropuerto y dejó tres civiles heridos. Un fracaso técnico que deja a los militares sin el respaldo necesario en una zona de alta conflictividad.
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