¿Puede un cargo oficial proteger a alguien de la justicia? En Houston, el fiscal de distrito, Sean Teare, ha dejado claro que no será así en el caso de Lorenzo Salgado.
El pasado martes, un agente de ICE mató a Salgado, un hombre de origen mexicano radicado en la ciudad desde hace más de 30 años. El incidente ocurrió en el barrio de Magnolia Park. Según el testimonio de Roberto, hijo de la víctima, Salgado viajaba al trabajo con su hermano y otros dos colegas cuando fueron interceptados por vehículos de ICE sin identificar. La oficina del médico forense del condado de Harris determinó que la causa de muerte fue una herida de bala en el torso, calificando el hecho como un homicidio.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, o DHS, sostiene que los agentes realizaban un operativo para detener a Salgado por carecer de estatus migratorio legal. Un portavoz aseguró que el hombre ignoró las instrucciones e intentó arrollar a los agentes, por lo que uno de ellos disparó en defensa propia.
Ante esto, el fiscal Teare informó que su oficina ya recolectó evidencia de cámaras de seguridad. Sin embargo, admitió que no han tenido el mismo nivel de acceso que en casi todos los tiroteos donde están involucrados agentes de las fuerzas del orden. Teare subrayó que, si se cometió un delito estatal, como asesinato, homicidio involuntario o manipulación de pruebas, se investigará y quien haya cometido el delito no podrá ampararse en su título.
Este caso se suma a un contexto crítico: al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos. El suceso ha reavivado la tensión entre la justicia estatal y las autoridades federales sobre la jurisdicción para investigar y juzgar a estos agentes.
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