Durante décadas, Panamá fue el punto de referencia indiscutible para la aviación privada internacional. Gracias a su ubicación geográfica y un marco regulatorio confiable, el país atrajo a cientos de aeronaves, impulsando una cadena de valor que beneficiaba directamente a pilotos, mecánicos, empresas de handling, hoteles y restaurantes.
Sin embargo, hoy esa realidad está cambiando. Un consultor aeronáutico y piloto con más de treinta años de experiencia advierte que el país está perdiendo una de sus mayores fortalezas: la seguridad jurídica.
El problema central radica en los nuevos procedimientos para aeronaves extranjeras que buscan ingresar al país o establecer bases de operaciones. Los operadores reportan un escenario de incertidumbre debido a una cláusula que faculta a la Autoridad Aeronáutica Civil a solicitar requisitos adicionales a su discreción o, incluso, a negar las solicitudes.
Esta falta de previsibilidad transforma los trámites en procesos interminables y costosos. Cuando los requisitos dejan de ser objetivos, los inversionistas enfrentan un desgaste que los lleva a tomar una decisión frecuente: trasladar sus operaciones a otros países donde las reglas sean claras.
Más allá de la aviación, se trata de un problema de legalidad. El principio de seguridad jurídica es fundamental para que cualquier operador sepa a qué atenerse. Cuando desaparece la certeza, desaparece la confianza, y el capital simplemente busca otros destinos.
Panamá conserva sus aeropuertos y el talento de sus profesionales, pero pone en riesgo la reputación internacional construida durante años. Para recuperar el liderazgo regional, es imperativo volver a colocar la seguridad jurídica al mismo nivel de importancia que la seguridad operacional, basando las decisiones en normas transparentes y uniformes.
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