El Gobierno ha solicitado formalmente el inicio de una investigación exhaustiva en relación con el viaje realizado al exterior por el gerente de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia. Esta determinación surge a raíz de diversas denuncias y cuestionamientos públicos sobre su salida del país, lo que ha puesto en el centro del debate la gestión de los recursos y los beneficios otorgados a los altos funcionarios del Estado.
La posición oficial del Ejecutivo ha sido transmitida a través del vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien confirmó que las autoridades ya han tomado conocimiento del caso. Gálvez subrayó que se ha pedido una "investigación profunda" para esclarecer los pormenores del traslado de Valdivia. En sus declaraciones, el vocero fue enfático al señalar que la administración actual se rige por principios de equidad y transparencia, afirmando que no deben existir privilegios especiales para ningún funcionario público, especialmente en lo que respecta al uso de servicios públicos.
De acuerdo con el vocero presidencial, el Gobierno se mantendrá a la espera del informe correspondiente antes de adoptar una postura definitiva o tomar medidas administrativas. Gálvez aclaró que cualquier comportamiento que resulte cuestionable por parte de un servidor público será evaluado estrictamente con base en los resultados y las evidencias que arroje la investigación en curso, asegurando que no habrá espacio para el favoritismo.
El origen de la controversia se remonta a las denuncias sobre un viaje realizado por Eduardo Valdivia hacia los Estados Unidos. Según las acusaciones que han circulado, el gerente de la aerolínea estatal se habría trasladado a dicho país con el presunto objetivo de asistir al Mundial de Fútbol. Este hecho ha generado una fuerte reacción en el ámbito legislativo, particularmente por parte de la senadora Claudia Mallón.
La senadora Mallón no solo cuestionó la naturaleza del viaje, sino que solicitó formalmente la destitución de Valdivia de su cargo. El argumento central de la legisladora se basa en la oportunidad del viaje; Mallón señaló que resulta inadmisible que el máximo ejecutivo de la aerolínea se ausente del país en un momento crítico, mientras Boliviana de Aviación (BoA) atraviesa serios problemas operativos que requieren de una gestión presencial y eficiente.
Ante la creciente presión y las denuncias presentadas, la empresa estatal Boliviana de Aviación emitió un comunicado informando sobre la situación laboral del gerente durante su ausencia. La empresa aclaró que Eduardo Valdivia se ausentó por motivos estrictamente personales y, fundamentalmente, indicó que dicho periodo de ausencia fue gestionado "sin goce de haberes", intentando así desvincular el viaje de un posible uso indebido de fondos públicos o beneficios salariales durante su estancia en el extranjero.
Por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, también se ha involucrado en el seguimiento del caso. El ministro anunció que solicitará un informe detallado sobre el viaje y las circunstancias de la ausencia del gerente antes de definir cuáles serán las posibles acciones a seguir. La intervención de Zamora sugiere que el Ministerio buscará validar si se cumplieron todos los protocolos administrativos internos para la solicitud de permisos personales.
A nivel jerárquico superior, el vicepresidente Edmand Lara también manifestó su postura respecto al incidente. Lara fue más allá del caso particular de Valdivia, cuestionando de manera general los viajes al exterior de los ejecutivos estatales. El vicepresidente señaló que tales desplazamientos resultan cuestionables en medio de las dificultades actuales que enfrenta el país, sugiriendo una necesidad de mayor austeridad y compromiso por parte de quienes dirigen las instituciones públicas.
En resumen, el caso del gerente de BoA ha escalado a un conflicto que involucra al Poder Ejecutivo, el Legislativo y la administración de la empresa estatal. Mientras la investigación avanza para determinar si hubo privilegios o irregularidades, el Gobierno reafirma su compromiso de evaluar el comportamiento de sus servidores públicos bajo el rigor de los informes técnicos y la normativa vigente, esperando que los resultados permitan definir la continuidad o sanción del funcionario implicado.
