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Congelan cuentas y activan alerta migratoria contra Jhonny Fernández y Adriana Amelunge

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, informó este jueves que se activó el congelamiento de cuentas bancarias y la alerta migratoria para el exalcalde Jhonny Fernández y para la exsecretaria de Salud Adriana Amelunge por el proceso del sobreprecio en la compra de hospitales móviles. “Se ha ordenado el congelamiento de cuentas de estas dos personas (Fernández y Amelunge), y quienes hayan osado meter la mano al bolsillo de las familias cruceñas, van a tener que devolver centavo a centavo todo lo que se han llevado de manera irregular”, dijo Nayar. nayar.luisa_.jpeg Agregó: “La alerta migratoria está en contra de Jhonny Fernandez y la exsecretaria de Salud, lo propio en el congelamiento de las cuentas. Del mismo modo se estaría solicitando la anotación preventiva de un vehículo de la exsecretaria de Salud, como otra serie de acciones dentro de este proceso de investigación”. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) remitió a la Fiscalía una solicitud de 47 requerimientos fiscales. Entre ellos: activar la alerta migratoria y congelar las cuentas a Fernández y Amelunge. “En atención al informe policial presentado por el tte. Álvaro Calani Quisbert y sgto. 2do Beymar Mamani Terrazas, dentro del caso 701102012604612, que sigue el Ministerio Público, en lo principal se tiene presente lo manifestado, en tal sentido, requiérase como solicita bajo constancia acta de entrega”, se lee en la respuesta del fiscal del caso, Gustavo Ríos. Nayar en junio denunció pública y penalmente sobreprecio en la compra de cuatro “hospitales móviles”, que se dio en la administración de Fernández. El monto de la irregularidad asciende a más de 2,8 millones bolivianos. ///

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Congelan cuentas y activan alerta migratoria contra Jhonny Fernández y Adriana Amelunge
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La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, logró el congelamiento de cuentas bancarias y la activación de alertas migratorias contra el exalcalde Jhonny Fernández y la exsecretaria de Salud, Adriana Amelunge. Estas medidas responden a una investigación por el sobreprecio en la compra de cuatro hospitales móviles durante la gestión de Fernández. El proceso, impulsado por denuncias de Nayar en junio, estima que la irregularidad asciende a más de 2.8 millones de bolivianos. Además de las restricciones financieras y de viaje, se ha solicitado la anotación preventiva de un vehículo perteneciente a la exsecretaria de Salud para asegurar la devolución total de los fondos afectados.

Medidas judiciales impactan a exautoridades de Santa Cruz. La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, informó sobre la activación del congelamiento de cuentas bancarias y la alerta migratoria contra el exalcalde Jhonny Fernández y la exsecretaria de Salud, Adriana Amelunge.

Estas acciones son parte del proceso de investigación por el sobreprecio en la compra de cuatro hospitales móviles realizada durante la gestión de Fernández. Nayar fue tajante al señalar que quienes hayan tomado dinero de las familias cruceñas deberán devolver centavo a centavo todo lo obtenido de manera irregular.

Además de las restricciones financieras y migratorias, se ha solicitado la anotación preventiva de un vehículo perteneciente a la exsecretaria de Salud como parte de las diligencias del proceso.

El sustento legal de estas medidas proviene de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Felcc, que remitió 47 requerimientos fiscales a la Fiscalía. El fiscal del caso, Gustavo Ríos, respondió a los informes policiales presentados por el teniente Álvaro Calani Quisbert y el sargento segundo Beymar Mamani Terrazas, validando los requerimientos solicitados bajo constancia de acta de entrega.

La denuncia fue interpuesta pública y penalmente por Luisa Nayar en junio pasado. Según la información oficial, el monto de la irregularidad en la adquisición de los hospitales móviles asciende a más de 2,8 millones de bolivianos. Con estas disposiciones, las autoridades buscan asegurar la restitución de los fondos y evitar que los implicados salgan del país mientras continúa la investigación penal.

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