La sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, destinada a avanzar en la megarreforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), terminó en un profundo quiebre político. La jornada culminó con el retiro masivo de los parlamentarios de oposición, quienes denunciaron graves irregularidades procedimentales por parte del Ejecutivo, específicamente relacionadas con el intento de modificar una indicación fuera de los plazos legales establecidos.
El conflicto central de la sesión giró en torno a la discusión sobre el seguro destinado a la restitución de gastos en los casos donde una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente. Según denunciaron los legisladores, el Gobierno intentó ingresar una cuarta modificación a este punto específico durante la misma jornada, acción que fue interpretada por la oposición como una maniobra extemporánea y una vulneración a las normas del debate legislativo.
Ante lo que consideraron una falta de transparencia y respeto a los tiempos reglamentarios, los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) decidieron abandonar la instancia de diálogo. Esta salida dejó a los senadores oficialistas como los únicos integrantes presentes en la comisión, permitiendo que el proceso de votación continuara sin la presencia de los sectores críticos.
El senador Alfonso de Urresti, actuando como vocero de la decisión, expresó su malestar y vinculó este episodio con una dinámica que, a su juicio, es recurrente en la gestión gubernamental. De Urresti lamentó que una discusión que se había extendido durante todo el día terminara en lo que calificó como una "improvisación, una más del ministro de Hacienda", advirtiendo que el camino siguiente sería acudir al Tribunal Constitucional para revisar la legalidad de lo aprobado.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez utilizó sus redes sociales para denunciar el fondo de la controversia. A través de su cuenta de X, Ibáñez calificó la situación como "una vergüenza", señalando que la derecha aprobó la creación de un seguro privado financiado con recursos públicos. Según el parlamentario, este mecanismo permitiría pagar a entidades privadas cuando se anule una RCA, lo que a su criterio "tuerce los principios del Derecho Administrativo" al crear una presunción de falta de servicio del Estado en beneficio del sector privado, sin necesidad de probar dicha falta.
En concordancia con este sentimiento, el senador Ricardo Celis describió la estrategia del Gobierno y el oficialismo como una "martingala de indicaciones, situaciones y reposiciones". Celis enfatizó que su sector no está dispuesto a participar en un ejercicio que calificó de "antidemocrático, poco transparente y poco claro", justificando así el retiro de la comisión y la decisión de presentar una reserva de constitucionalidad.
Desde el Ejecutivo, sin embargo, rechazaron tajantemente las acusaciones de irregularidad. Las autoridades defendieron la legalidad de su acción, asegurando que no se trató del ingreso de una nueva indicación, sino de la modificación de una que ya contaba con la firma del Gobierno y que se encontraba dentro del marco normativo vigente. Fuentes oficialistas subrayaron que este tipo de ajustes son prácticas habituales en el debate legislativo y que se ajustaban a los tiempos y formas permitidos por el reglamento.
Asimismo, asesores del oficialismo manifestaron su molestia ante el retiro de la oposición, argumentando que el Gobierno estaba mostrando disposición para modificar la norma más polémica de la discusión ambiental y que el abandono de la sesión fue un gesto desproporcionado.
Como resultado de este quiebre, la sesión finalizó con una votación de 3x0 a favor del oficialismo para todas las indicaciones relativas a las RCA. El punto de mayor discordia fue el Artículo 14, cuya modificación final cambió la referencia de "informe de la comisión" por "informe del Tribunal Arbitral".
Finalmente, los senadores Celis, De Urresti e Ibáñez anunciaron que presentarán una reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 que reforman el SEIA. Esta acción legal se fundamenta en la posible infracción a los artículos 19 N° 3 (debido proceso), 19 N° 20 (igualdad ante las cargas públicas), así como los artículos 38, 76 y 77 de la Constitución Política de la República, referidos a la responsabilidad del Estado y la independencia de los tribunales de justicia.
