El sistema electoral peruano ha encendido las alarmas ante la falta de recursos financieros necesarios para llevar a cabo los comicios regionales y municipales programados para octubre de 2026. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó este martes que se requiere una suma superior a los 589 millones de soles para garantizar la organización y ejecución de este proceso electoral.
En declaraciones a la prensa, Burneo fue enfático al señalar que, de no concretarse el desembolso de estos fondos, la realización de las elecciones regionales y municipales se encuentra en riesgo. El titular del JNE advirtió que el proceso se halla actualmente en un "punto muerto", lo que podría obligar a las autoridades a buscar mecanismos para prolongar el mandato de los gobernadores y alcaldes actuales.
“Si no nos agencian los recursos de forma inmediata, tendremos que tomar medidas, inclusive, de tener que prolongar las autoridades regionales y municipales vigentes porque no vamos a poder organizar este proceso electoral que se nos viene”, afirmó Burneo, subrayando la urgencia de la situación.
Esta alerta surge tras una reunión de coordinación entre el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En conjunto, los tres organismos han determinado que la necesidad presupuestaria asciende a un total de S/ 589.52 millones. El desglose de los requerimientos indica que la ONPE es la entidad con la mayor demanda, solicitando S/ 433 millones, seguida por el JNE con S/ 103 millones y el Reniec con S/ 52.80 millones.
Burneo resaltó que el sistema electoral ha estado solicitando este presupuesto desde hace ocho meses. Asimismo, explicó que la atención prevista mediante el Proyecto de Ley 14799, destinado a créditos suplementarios, es insuficiente y no cubre la totalidad de la demanda financiera de los organismos electorales.
Además del riesgo de suspensión de los comicios, las entidades advirtieron sobre los peligros operativos que conlleva una asignación tardía de fondos. Sostuvieron que la falta de presupuesto oportuno impide una ejecución eficiente y obliga a realizar contrataciones de emergencia, las cuales suelen implicar costos más elevados para el Estado.
Ante estas declaraciones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado oficial para responder a las preocupaciones del sistema electoral. El ente rector de la economía aseguró que la prioridad del Gobierno es garantizar el desarrollo normal de las elecciones y la transferencia democrática del poder dentro de los plazos legales, respetando la autonomía de los organismos electorales.
El MEF precisó que la asignación de recursos públicos se seguirá realizando bajo criterios técnicos objetivos, basándose en los requerimientos debidamente sustentados, los niveles de ejecución de los fondos ya asignados y los espacios presupuestales disponibles, todo ello bajo las normas de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Además, informaron que se ha remitido al Congreso de la República un proyecto de ley de crédito suplementario para complementar el financiamiento del proceso.
Sin embargo, el análisis de expertos sugiere que la advertencia de prolongar los mandatos electorales podría no tener viabilidad jurídica. El analista político Fernando Tuesta señaló que tal posibilidad carece de sustento legal y solo podría concretarse mediante una reforma del Congreso, proceso que sería complejo y engorroso debido a los tiempos acotados y las instancias legislativas requeridas. Según Tuesta, las palabras de Burneo deben interpretarse como un llamado de atención al Poder Ejecutivo para asegurar los recursos, recordando que la fecha de las elecciones y el inicio del mandato (el primer día del año siguiente) están fijados por ley y no pueden modificarse sin un cambio normativo.
Por su parte, la experta en derecho electoral Silvia Guevara advirtió que cualquier retraso pone en riesgo la renovación de autoridades y el funcionamiento de la administración pública. Guevara subrayó que extender el proceso más allá del inicio del nuevo periodo vulneraría el mandato constitucional de cuatro años. Asimismo, recalcó que ni siquiera un acuerdo del Pleno del JNE podría modificar el alcance de la ley electoral.
Finalmente, los especialistas coinciden en que una perturbación en la realización de los comicios por falta de presupuesto contravendría la Constitución. Este escenario sería particularmente crítico dada la complejidad de estas elecciones, que son simultáneas y abarcan 25 gobiernos regionales, 196 municipios provinciales y más de 1,800 municipios distritales.
