La relación entre el Ejecutivo y el Partido Socialista (PS) atraviesa un momento de alta tensión en torno al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica impulsado por el Presidente José Antonio Kast. A pesar de la instalación de una mesa de diálogo coordinada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), las expectativas de un acuerdo sustancial se han visto drásticamente reducidas debido a la postura inflexible del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El núcleo del conflicto reside en los cambios tributarios que componen la columna vertebral de la iniciativa. Durante las reuniones sostenidas la semana pasada, el jefe económico del gobierno fue tajante al advertir que no aceptará cuestionamientos al "corazón" del proyecto. Quiroz ha dejado claro que cualquier entendimiento debe mantenerse dentro de ciertos "bordes" preestablecidos, cerrando la puerta a modificaciones estructurales en los ejes centrales de la propuesta.
Esta rigidez gubernamental choca frontalmente con la postura del Partido Socialista. La colectividad ya había emitido una advertencia severa en abril pasado, cuando su Comité Central, en un voto político, instó a sus parlamentarios a rechazar la idea de legislar el proyecto. En aquel pronunciamiento, el Comité fue lapidario al sentenciar que "quienes apoyen esta idea, la historia y la ciudadanía los juzgarán", eliminando prácticamente cualquier margen de maniobra para los diputados y senadores socialistas.
En medio de este escenario, la dupla negociadora del PS, conformada por la presidenta de la colectividad y senadora Paulina Vodanovic, junto al jefe de bancada Juan Luis Castro, ha intentado buscar puntos de encuentro. No obstante, la senadora Vodanovic ha bajado las expectativas sobre los resultados de la mesa de diálogo. Tras reunirse con otros jefes partidarios de la oposición, Vodanovic afirmó que no buscan un acuerdo propiamente tal, sino "mejorar un mal proyecto". Según la parlamentaria por el Maule, la iniciativa actual se encuentra desfinanciada y carece de compensaciones, aunque reconoció que el gobierno posee los votos necesarios para aprobarlo, razón por la cual han aceptado dialogar por responsabilidad política.
Por su parte, el senador Juan Luis Castro ha calificado los posibles avances como "paliativos", utilizando una analogía médica para explicar que el margen de entendimiento no es "curativo". Castro señaló que existen espacios para mitigar ciertos aspectos, tales como el crédito al empleo, la permisología y la rebaja del IVA para la vivienda. Asimismo, mencionó el ofrecimiento del ministro de reducir la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, contemplando una prima adicional para los inversionistas.
Sin embargo, el clima interno del PS es crítico. Otros senadores del partido han manifestado su rechazo a las condiciones impuestas por el Ejecutivo. La senadora Daniella Cicardini fue enfática al señalar que el problema radica en la actitud del ministro Quiroz, a quien calificó de "dogmático" y "enamorado de un proyecto" que es considerado riesgoso para el país. Cicardini criticó que se invite a conversar omitiendo los temas más importantes, asegurando que no votará a favor de un acuerdo que no sirva a las familias chilenas.
En la misma línea, el senador Gastón Saavedra advirtió que no pueden ser cómplices de una medida que, a su juicio, podría "destrozar al país", aunque respaldó la labor de los representantes del partido en la mesa de diálogo. Saavedra recalcó la preocupación de la colectividad por el estado de las Pymes y aseguró que seguirán haciendo esfuerzos por construir acuerdos hasta el último momento.
Desde el Gobierno, la postura se mantiene inalterable. En una entrevista con el medio Pulso, el ministro Jorge Quiroz reiteró que el plan no ha cambiado y que Chile debe recuperar su competitividad tributaria para alinearse con el promedio de la OCDE. El Ejecutivo se niega a ceder en puntos críticos como la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23%, la reintegración y la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales, apoyado en que ya cuentan con 26 votos de respaldo en el Senado. Las únicas concesiones posibles serían cambios "paramétricos", como la reducción de los años de invariabilidad tributaria y un posible rediseño en el crédito al empleo, siendo este último la medida más costosa financieramente de todo el megaproyecto.
