La fiscal Ana Hidalgo, representante de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, ha presentado el dictamen acusatorio en el caso denominado Magnicidio FV. En este proceso, la agente fiscal señala a siete procesados como autores mediatos del asesinato del político y candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto de 2023.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, iniciada la mañana del 30 de junio, la fiscal Hidalgo fundamentó su acusación basándose en la teoría del "hombre de atrás". Bajo esta figura legal, los procesados son señalados como autores mediatos, lo que implica que cometieron el delito no de forma directa, sino sirviéndose de otras personas como instrumentos para la ejecución del crimen. Para sustentar esta tesis, la fiscal citó los planteamientos de los juristas extranjeros Claux Roxin y Bacigalupo, quienes definen al autor mediato como aquel que, dominando el hecho y poseyendo las características de la autoría, utiliza a un tercero para concretar la infracción.
Los siete procesados identificados en el dictamen acusatorio son el exministro José Serrano (54 años), Xavier Jordán (50 años), llamado a juicio también en el caso Metástasis; el exasambleísta Ronny Aleaga (41 años) y Daniel Salcedo (36 años), este último condenado previamente por corrupción en las áreas judicial y de salud. Asimismo, la acusación incluye a los cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo (39 años); Luis Arboleda, alias Gordo Luis (34 años), y Esteban Aguilar, alias Lobo Menor (34 años).
La fiscalía sostiene que el asesinato de Villavicencio no fue un evento aislado ejecutado únicamente por autores materiales, sino que fue el resultado de la actuación de una "gran estructura criminalmente organizada". Según la investigación, esta organización coordinó tres fases fundamentales: la planificación, la ejecución y la posterior obstrucción de la justicia. De acuerdo con la fiscal Hidalgo, existen suficientes elementos que vinculan a los siete acusados con la ejecución del crimen, ocurrido cuando la víctima salía de una reunión de campaña en el norte de Quito y se disponía a subir a una camioneta sin blindaje.
La instrucción fiscal reveló que esta estructura estaba compuesta por operadores políticos, financistas, articuladores criminales e intermediarios de organizaciones delictivas. El motivo detrás del crimen habría sido silenciar a Fernando Villavicencio, quien resultaba incómodo para los procesados debido a sus constantes denuncias públicas. Específicamente, la fiscal mencionó que las publicaciones de la víctima afectaban a personas como Ronny Aleaga, Xavier Jordán, Daniel Salcedo, José Serrano y el narcotraficante fallecido Leandro Norero, por lo que decidieron eliminarlo para mantener su senda de impunidad.
Desde el punto de vista legal, la fiscalía se apoya en el artículo 42, numeral dos, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que regula la autoría mediata. Esta norma establece que tienen dicha calidad quienes instiguen o aconsejen la comisión de una infracción, quienes ordenen su ejecución valiéndose de otras personas mediante precio, dádiva, promesa, orden o medios fraudulentos, o quienes ejerzan un poder de mando en una organización delictiva.
En cuanto a la tipificación del delito, el artículo 140 del COIP define el asesinato con una pena privativa de libertad de entre 22 y 26 años. En este caso, se aplicaría la circunstancia agravante detallada en el numeral 10 de dicha norma, que se refiere a perpetrar el acto contra un dignatario o candidato a elección popular.
El caso ya cuenta con sentencias previas respecto a los autores materiales. En julio de 2024, el Tribunal de Juzgamiento condenó a cinco personas. Carlos Angulo, alias Invisible, y Laura Castillo, alias Flaca, recibieron la pena máxima de 34 años y ocho meses de cárcel, debido a agravantes como la participación de varias personas armadas, el ataque a múltiples víctimas y el hecho de que el delito fue cometido total o parcialmente desde un centro de privación de libertad. Por su parte, Erick Ramírez, Alexandra Chimbo y Alfonso Flores fueron sentenciados como cómplices a doce años de prisión.
Las audiencias relacionadas con los autores intelectuales se retomarán este lunes 6 de julio de 2026 en la Corte Nacional de Justicia, en la ciudad de Quito.
