La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha emitido una orden oficial para la creación de una nueva unidad militar especializada, cuyo objetivo principal será la atención de emergencias y catástrofes en el territorio nacional. Este anuncio surge en un momento de alta tensión y cuestionamientos públicos respecto a la capacidad de respuesta del Estado venezolano tras el impacto de un doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio.
Durante la ceremonia de conmemoración de los 150 años de independencia del país, Rodríguez informó que ha dado instrucciones precisas al Ministerio de Defensa para llevar a cabo la constitución de esta fuerza operativa. La funcionaria detalló que se trata de una "unidad de tarea especial de emergencia" diseñada específicamente para intervenir y brindar atención ante desastres de la naturaleza de los ocurridos recientemente. De acuerdo con la información suministrada, el cuerpo militar llevará por nombre "Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre".
La decisión gubernamental es una respuesta directa a las consecuencias devastadoras de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon la región, afectando de manera muy severa y particular al estado de La Guaira. El impacto de estos fenómenos naturales ha dejado un saldo trágico que ha ido actualizándose en los registros oficiales. Hasta este sábado, el balance de víctimas fatales se elevó a 2.954 personas fallecidas, consolidando una crisis humanitaria de gran escala en las zonas impactadas.
Además de la cifra de fallecidos, la magnitud de los sismos provocó que más de 16 mil personas perdieran sus hogares, quedando en situación de vulnerabilidad. Para enfrentar esta situación, el Gobierno ha desplegado un contingente masivo que incluye a cerca de 30 mil funcionarios nacionales. A este esfuerzo interno se han sumado 3.281 rescatistas internacionales, quienes han sido desplegados en las áreas más afectadas para apoyar las labores de búsqueda y salvamento.
A pesar del despliegue de personal, la gestión de la crisis ha estado marcada por la polémica. Diversos sectores, integrados por sobrevivientes, voluntarios y organizaciones dedicadas a la ayuda humanitaria, han manifestado su descontento y han cuestionado la eficiencia de la respuesta estatal. Las denuncias se centran principalmente en retrasos críticos en la llegada de suministros básicos, tales como alimentos e insumos médicos, elementos fundamentales para la supervivencia de los damnificados en las primeras horas tras la catástrofe.
Asimismo, los críticos han señalado la falta de celeridad en el envío de maquinaria pesada, herramienta indispensable para la remoción de escombros y la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo las estructuras colapsadas. Estas fallas logísticas han sido el núcleo de las acusaciones contra el Ejecutivo en los días posteriores a los sismos.
Ante estas críticas, Delcy Rodríguez ha mantenido una postura de rechazo a las acusaciones. La presidenta encargada afirmó categóricamente que los protocolos de emergencia previstos por el Estado fueron activados de manera inmediata tras el registro de los sismos, defendiendo así la actuación de las autoridades competentes.
En cuanto a los detalles operativos de la nueva unidad militar "Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre", se ha confirmado que estará bajo la órbita directa del Ministerio de Defensa. Su misión fundamental será responder con mayor eficacia ante desastres que presenten características similares a los terremotos recientes, buscando optimizar la capacidad de reacción del país.
No obstante, el anuncio divulgado este domingo dejó varias interrogantes sin respuesta. Hasta el momento, el Gobierno no ha proporcionado detalles sobre la estructura organizativa de la unidad, el número de efectivos que la integrarán ni la fecha exacta en la que entrará en operaciones. La creación de este cuerpo especializado se presenta entonces como una medida correctiva ante las deficiencias señaladas durante la emergencia de junio.
