Venezuela atraviesa una situación crítica tras los potentes terremotos que azotaron el estado de La Guaira el pasado 24 de junio. La magnitud del desastre ha dejado un saldo oficial de 2,954 fallecidos y 16,592 heridos, generando una profunda crisis social en el norte del país caribeño.
El impacto en la infraestructura ha sido severo. Las autoridades informan que aproximadamente 16,000 personas perdieron sus viviendas y más de 800 edificios presentan graves daños estructurales. En respuesta a esta catástrofe, la presidente a cargo, Delcy Rodríguez, ha presentado un paquete de medidas económicas y sociales diseñado para afrontar las consecuencias del sismo.
La iniciativa principal es la creación de la "Gran Misión Venezuela Renace". Este programa se centrará en la reconstrucción de viviendas, edificios públicos e infraestructura, integrando planes ya existentes como Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella.
Sin embargo, la recuperación enfrenta obstáculos económicos. Delcy Rodríguez ha insistido en la necesidad de que cesen las sanciones internacionales, especialmente aquellas que impactan industrias claves como el petróleo, para que el país pueda acceder con libre capacidad a sus propios recursos. Ante esta situación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Tesoro de Estados Unidos, anunció que habilitará las transacciones vinculadas al terremoto hasta octubre de 2026.
A pesar de haber recibido ayuda humanitaria de más de 20 países, la crisis se desarrolla en un entorno complejo, considerando que a comienzos de año Venezuela sufrió una intervención militar por parte de Estados Unidos. El gobierno venezolano mantiene su pedido de levantar las sanciones para garantizar el proceso de recuperación de las zonas afectadas.
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