La región de Tarapacá se encuentra actualmente bajo un estado de profunda conmoción tras revelarse un caso de extrema gravedad que involucra a un lactante de apenas 8 meses de edad. El menor fue ingresado en un centro asistencial y, tras la realización de los exámenes toxicológicos correspondientes, los resultados confirmaron que el niño arrojó positivo a cocaína, lo que ha desencadenado una intensa investigación judicial y policial para esclarecer los hechos.
Los acontecimientos que llevaron a este alarmante descubrimiento se precipitaron el pasado miércoles. En dicha jornada, el padre del menor, acompañado por otro hombre, trasladó urgentemente al bebé hasta el Hospital de Alto Hospicio. El motivo del ingreso fue un cuadro convulsivo que afectaba al lactante, cuya salud se encontraba comprometida. Según los antecedentes recabados, en el momento previo a la crisis, el menor se encontraba en su domicilio particular en compañía de su madre y su hermano, un niño de solo 3 años de edad.
Debido a la complejidad y gravedad del estado clínico del bebé, el equipo médico del centro de salud de Alto Hospicio determinó que era necesario su traslado inmediato al Hospital Regional de Iquique para recibir una atención más especializada. Fue en este segundo recinto asistencial donde se llevaron a cabo los protocolos de diagnóstico profundo, incluyendo un examen de orina. Los resultados de dicha prueba fueron determinantes y alertantes, ya que confirmaron la presencia de la droga ilícita en el organismo del lactante.
Ante la evidencia del consumo o exposición accidental a la sustancia, el personal médico del Hospital Regional de Iquique procedió a realizar la denuncia formal, activando así los protocolos legales correspondientes. Esta acción permitió que el caso fuera puesto inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes, quienes iniciaron las diligencias para determinar la procedencia de la droga y la responsabilidad de los adultos a cargo.
La fiscal María Alejandra Jorquera ha confirmado oficialmente el inicio de las investigaciones. La Fiscalía de Alto Hospicio, en un trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones (PDI), se ha propuesto como objetivo principal desentrañar las circunstancias exactas en las que el menor estuvo expuesto a la cocaína. Las indagaciones buscan establecer si se trató de una negligencia grave o de una acción deliberada, con el fin de asignar las responsabilidades penales que correspondan a los involucrados en esta compleja trama familiar.
La respuesta del sistema judicial ha sido rápida y contundente. Ante la evidencia presentada por los centros de salud y la Fiscalía, el Juzgado de Familia acogió una solicitud urgente para implementar medidas de protección inmediatas. El tribunal determinó que tanto el lactante como su hermano de 3 años deben ser resguardados, dictaminando que ambos niños permanezcan en una residencia de forma transitoria. Esta medida busca garantizar la integridad física y emocional de los menores, alejándolos del entorno donde ocurrió la intoxicación mientras el proceso judicial avanza.
Como complemento a las medidas de protección, el tribunal decretó una prohibición absoluta para que ambos padres se acerquen a los niños. Esta medida cautelar, que impide cualquier tipo de contacto entre los progenitores y sus hijos, tendrá una vigencia inicial de 90 días. Durante este periodo, la Fiscalía de Alto Hospicio y la PDI intensificarán sus diligencias investigativas para reconstruir los hechos y analizar el entorno familiar.
Este grave episodio no es un hecho aislado en el contexto nacional, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad de la infancia frente al consumo de sustancias. El caso de Tarapacá se suma a otros incidentes similares reportados en el país, como la intoxicación de un lactante de un año ocurrida en Ovalle y el trágico fallecimiento de un menor de dos años en Calama, quien perdió la vida por causas relacionadas con la exposición a la misma sustancia. Estas recurrencias subrayan la urgencia de abordar estas situaciones que ponen en riesgo la vida de los más vulnerables.
Las autoridades regionales y judiciales continúan trabajando exhaustivamente para esclarecer este hecho que ha impactado a la comunidad. El foco permanece en asegurar la protección total de los niños involucrados y en llevar a cabo una investigación rigurosa que permita hacer justicia en este caso de extrema vulnerabilidad infantil.
