La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, compareció este jueves ante corresponsales internacionales para defender el accionar de su Gobierno tras el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. Durante la intervención, la funcionaria desestimó las críticas sobre la supuesta lentitud en el despliegue de la ayuda humanitaria, calificando estas denuncias como parte de una campaña de desinformación orquestada desde el exterior.
En el marco de una rueda de prensa caracterizada por un clima de tensión, Rodríguez actualizó las cifras oficiales de la tragedia, reportando un balance de 2.595 personas fallecidas y 12.400 heridos. La comparecencia se convirtió en un espacio de confrontación directa con representantes de diversos medios extranjeros, quienes plantearon cuestionamientos severos sobre la militarización de las zonas afectadas y la presunta carencia de recursos básicos necesarios para llevar a cabo la identificación de los cadáveres.
El intercambio fue particularmente intenso cuando la periodista María Martín, del diario El País de España, consultó sobre la aparente descoordinación inicial en la respuesta estatal. Frente a este cuestionamiento, Rodríguez insistió en que el Estado venezolano se activó de manera inmediata mediante la promulgación de un decreto de emergencia y el despliegue de los cuerpos de protección civil apenas unas horas después de que se registraran los sismos. La funcionaria justificó la percepción de retraso alegando la complejidad geográfica del terreno, señalando que múltiples vías en zonas remotas quedaron totalmente obstruidas, impidiendo el acceso incluso de vehículos motorizados.
Por su parte, Julio Vaqueiro, periodista de la cadena Telemundo, expuso testimonios de sobrevivientes que se sintieron despojados y abandonados durante las primeras 72 horas posteriores al desastre. Vaqueiro cuestionó específicamente la presencia de militares armados en las zonas de emergencia en lugar de personal equipado con herramientas de remoción de escombros, como palas. Ante esto, Delcy Rodríguez rechazó lo que denominó "generalizaciones" y afirmó poseer testimonios recogidos personalmente donde la población expresa su agradecimiento hacia el régimen. Asimismo, sostuvo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido el pilar fundamental para el rescate de sobrevivientes, la instalación de hospitales de campaña y la gestión de centros de acopio desde el primer día.
La presidenta encargada fue enfática al señalar que las denuncias sobre fallas en la gestión gubernamental responden a "matrices de laboratorios mediáticos" diseñadas para provocar el caos, especialmente en el estado La Guaira, la región más golpeada por el fenómeno geológico. Rodríguez justificó la decisión de militarizar dicho estado argumentando que era una medida necesaria para restringir el acceso y evitar que la afluencia desordenada de personas colapsara las labores de búsqueda y rescate, asegurando que los protocolos aplicados están contemplados en la legislación venezolana para el manejo de desastres naturales.
En cuanto a la infraestructura, la funcionaria minimizó las críticas sobre la fragilidad de las viviendas construidas por el Estado. Según Rodríguez, el 80% de los edificios que colapsaron pertenecían a desarrollos inmobiliarios privados situados en zonas vacacionales de Playa Grande y Caraballeda.
Otro punto de fricción surgió cuando Jorge Martínez, del grupo Milenio de México, y Stefano Potzebond, de CNN International, consultaron sobre la brecha existente entre las cifras oficiales y las estimaciones internacionales. Mientras el Gobierno mantiene la cifra de fallecidos en poco más de 2.500, se mencionó que el sistema de Naciones Unidas ha enviado aproximadamente 10.000 bolsas para cadáveres. Rodríguez defendió la rigurosidad de sus datos, explicando que se realizan cruces de información mediante huellas dactilares, lo que ha permitido incluso detectar personas que fueron registradas como fallecidas pero que luego fueron halladas con vida. Además, negó rotundamente el uso de fosas comunes, asegurando que se siguen protocolos de fotografía, dictadura forense y huellas dactilares para entregar expedientes a las familias.
Finalmente, Rodríguez informó que el Gobierno mantiene contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento de Estado de EE. UU. para recuperar recursos destinados a la reconstrucción de los 855 edificios afectados. Destacó haber recibido apoyo de 147 países, incluyendo a Israel, España, Italia y Estados Unidos, agradeciendo la llegada de rescatistas y las líneas de crédito no reembolsables ofrecidas por el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Al cierre, la funcionaria reveló padecer una afección de salud no especificada, pero afirmó que su prioridad seguirá siendo la búsqueda de sobrevivientes mediante tecnología internacional.
