El Gobierno de los Países Bajos ha pedido disculpas oficiales por el papel del Estado en las separaciones forzadas de madres e hijos y las adopciones nacionales ocurridas desde los años cincuenta hasta finales de los ochenta.
Durante este periodo, miles de mujeres, en su mayoría solteras y en situación de vulnerabilidad, fueron presionadas por sus familias, la Iglesia o instituciones como el Consejo de Protección de la Infancia para entregar a sus recién nacidos. Se calcula que más de trece mil mujeres y unos quince mil trescientos niños se vieron afectados por estas prácticas.
En un acto celebrado en La Haya, la secretaria de Estado de Justicia y Seguridad, Claudia van Bruggen, reconoció que el Estado no protegió a las madres y admitió que muchas fueron consideradas incapaces de ejercer la maternidad, llegando a separar a los bebés inmediatamente después del parto. Van Bruggen subrayó que este sufrimiento no puede deshacerse y aseguró a las víctimas que no fue culpa suya, admitiendo la responsabilidad del Estado.
Esta decisión surge tras las conclusiones del informe denominado 'Daño por vergüenza', el cual documenta la coacción sufrida por las madres y el impacto en los niños que crecieron sin conocer a sus padres biológicos. Asimismo, una comisión independiente determinó que los documentos en los que las mujeres renunciaban a sus hijos carecían de base legal y causaron daños de por vida.
El Ejecutivo neerlandés ha señalado que estas disculpas representan solo el comienzo de un proceso de reconocimiento y reparación. Por ello, en las próximas semanas, el Gobierno elaborará nuevas medidas en conjunto con las víctimas y las organizaciones que las representan.
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