A casi una semana de los catastróficos terremotos que han sacudido a Venezuela, el país se enfrenta no solo a una crisis humanitaria creciente, sino a una profunda controversia sobre la veracidad de las cifras oficiales. Mientras el Gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, actualiza el conteo de víctimas, persiste un interrogante crítico que las autoridades han evitado responder: la cifra exacta de personas desaparecidas.
Según el último informe oficial emitido el miércoles, la cifra de fallecidos asciende a 2.295 personas, con más de 11.000 heridos registrados en los estados afectados. Sin embargo, este número contrasta drásticamente con las proyecciones iniciales del Servicio Geológico de Estados Unidos, que horas después del sismo estimó un piso de 10.000 víctimas fatales. Esta disparidad ha alimentado las denuncias de diversas organizaciones sobre la falta de transparencia en el manejo de la información.
La organización de derechos humanos Provea ha sido una de las voces más críticas, señalando que las cifras gubernamentales "generan más dudas que certezas". La ONG hizo este llamado el pasado domingo, luego de que el reporte oficial mostrara un incremento diario de apenas 20 fallecidos, alcanzando en ese momento los 1.450. Provea ha exigido "cero opacidad" en la respuesta ante lo que califican como una tragedia nacional.
A esta incertidumbre se suma la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Gianluca Rampolla, coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, afirmó en rueda de prensa que la cifra de muertos crecerá considerablemente debido a la magnitud de la destrucción. Según Rampolla, hay al menos 2.500 edificios afectados, la mayoría derrumbados por completo, lo que sugiere que el número de víctimas será superior al comunicado oficialmente. Como medida de contingencia, el funcionario confirmó la compra de 10.000 bolsas para cadáveres, realizada en acuerdo con las autoridades venezolanas, subrayando nuevamente que no existe un registro oficial de desaparecidos.
Un análisis de los datos proporcionados por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y vocero de la tragedia, permite inferir una brecha alarmante. Rodríguez indicó que en las zonas más golpeadas del estado La Guaira, específicamente en Caraballeda y Catia La Mar, se encontraban aproximadamente 30.000 personas entre residentes y turistas. De este grupo, unas 13.400 o 13.500 lograron salir por sus propios medios o con ayuda familiar, y otras 6.461 fueron rescatadas. Esta aritmética deja un saldo de cerca de 10.000 personas sin paradero confirmado, de las cuales el Gobierno solo ha contabilizado el grueso de los fallecidos, dejando el destino de miles de personas en la incertidumbre.
La gravedad de la situación es respaldada por el Comité Internacional de Rescate, que estimó que los desaparecidos podrían acercarse a los 50.000, cifra validada por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios, calificó esta estimación como "aterradoramente verosímil", aunque aclaró que no todas las personas desaparecidas se encuentran necesariamente bajo los escombros.
El contexto político agrava la crisis. El Gobierno de Delcy Rodríguez arrastra una baja popularidad y una crisis de legitimidad acentuada por las elecciones de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición. El sociólogo Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz, sugiere que la falta de transparencia responde al control de la narrativa para reducir el impacto político de las muertes, a la ineficacia operativa o a un intento de evitar responsabilidades políticas. Uzcátegui señaló que existe una crisis de confianza en la Fuerza Armada desde el 3 de enero, fecha de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos.
Además, la confianza en las instituciones se ha visto minada por reportes de irregularidades. En redes sociales circularon imágenes de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) presuntamente sustrayendo pertenencias de entre los escombros en La Guaira, aunque el organismo afirmó que dichos agentes fueron detenidos y expulsados. Simultáneamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció hostigamientos y la suspensión del acceso de corresponsales a La Guaira por parte del Ministerio de Comunicación, bajo argumentos "sanitarios".
Finalmente, Uzcátegui advirtió que la disputa por el vencimiento del plazo constitucional de 180 días para el gobierno encargado entorpecerá la reconstrucción del país. No obstante, frente a la crisis institucional, la sociedad civil ha respondido con solidaridad, registrándose hasta el martes más de 15.000 voluntarios dedicados a las labores de rescate y ayuda humanitaria.
