El estado La Guaira, en el norte de Venezuela, se encuentra actualmente bajo una situación crítica tras ser declarado zona de desastre a raíz de un doblete sísmico ocurrido el pasado miércoles 24 de junio. La magnitud de la tragedia se refleja en el saldo oficial, que hasta el momento contabiliza 1.719 personas fallecidas y 5.034 heridos. Ante este escenario, el gobierno venezolano ha recibido el apoyo de 45 delegaciones internacionales y un total de 3.319 rescatistas extranjeros, quienes se han desplegado en la zona para colaborar en las labores de atención y salvamento.
Sin embargo, la labor de los equipos internacionales se ha visto empañada por serias tensiones con las fuerzas armadas locales. Francisco Lermanda, líder de la organización Topos Chile, denunció públicamente que militares venezolanos están obstaculizando el trabajo de los rescatistas extranjeros. Según Lermanda, estas acciones responden a un temor fundado en el régimen chavista de que el personal internacional esté realizando actividades de espionaje con el objetivo de promover un golpe de Estado.
Para ejemplificar estas trabas, Lermanda relató un incidente ocurrido durante el rescate de un joven de 14 años que se encontraba atrapado entre los escombros. En un momento crítico de la operación, el equipo de rescatistas intentó realizar una videollamada con un médico para recibir instrucciones precisas sobre los pasos a seguir para salvar la vida del menor. No obstante, un soldado intervino y procedió a quitarles el teléfono, justificando la acción bajo el argumento de que dicha comunicación podría tratarse de una actividad de espionaje.
El impacto de estas restricciones no ha sido solo anecdótico, sino que ha afectado la capacidad operativa de los equipos en el terreno. Lermanda precisó que inicialmente contaba con un grupo de 44 especialistas, pero que su equipo se vio reducido a 40 personas debido a las trabas impuestas por los cuerpos de seguridad. El experto detalló que dos médicos y dos ingenieros estructurales no pudieron reincorporarse a las labores de rescate luego de haber salido temporalmente de la zona, ya que los militares les prohibieron el reingreso.
Desde una perspectiva política y administrativa, el experto chileno fue tajante al señalar que la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha incurrido en los dos errores más graves posibles en la gestión de una crisis de esta magnitud: la politización y la militarización de la respuesta ante el desastre. Lermanda instó al gobierno venezolano y a sus fuerzas militares a abandonar la "idea paranoica" de que el terremoto esté siendo utilizado como cobertura para un golpe de Estado, afirmando que esta postura le fue comentada explícitamente por un coronel. A esto se suma la denuncia de que, en el aeropuerto venezolano, se les está exigiendo visa a los rescatistas que llegan para ayudar.
Más allá de los conflictos operativos, Lermanda realizó un análisis técnico sobre la devastación estructural en La Guaira. Al comparar la situación con la de su país natal, señaló que las normas constructivas en Venezuela son considerablemente menores en términos de calidad. El rescatista expresó su asombro ante el colapso de edificios altos, con un promedio de 20 pisos, los cuales cayeron "como una torre de dominó", un fenómeno que calificó como anormal considerando el tipo de terreno y la estructura de dichas edificaciones.
La gravedad de las fallas estructurales fue evidente durante las labores de remoción de escombros. Lermanda describió que el hormigón de los edificios colapsados se pulverizaba con facilidad, mencionando que en un caso particular podía sacar el material con la mano "como si fuera arena". Asimismo, identificó fallas críticas en las vigas y en los refuerzos metálicos de los pilares de los inmuebles que se desplomaron.
Finalmente, el líder de Topos Chile vinculó estas deficiencias técnicas con problemas sistémicos de gobernanza. Citando testimonios de la población local, subrayó que existía un nivel de corrupción tal que se autorizaba la construcción de cualquier obra sin el debido control, concluyendo que hubo una ausencia total de fiscalización adecuada en estas construcciones. Con 27 años de experiencia en labores de rescate —la mitad de sus 54 años de vida—, Lermanda reconoció que el nivel de devastación generado por los terremotos en Venezuela es algo que nunca había visto anteriormente.
