El pasado 27 de junio, el centro de Lima se convirtió en el escenario de la movilización denominada “En defensa del voto”, convocada por el candidato presidencial Roberto Sánchez y el partido político Juntos por el Perú. La marcha se llevó a cabo en un clima de alta tensión política, impulsada por las denuncias de un presunto fraude electoral que, según la agrupación, habría sido perpetrado para favorecer el triunfo de Keiko Fujimori en la Presidencia.
La jornada comenzó con una concentración de simpatizantes y militantes en diversos puntos de la capital, concentrándose principalmente en el Cercado de Lima. A pesar de que la convocatoria oficial establecía el inicio de la movilización a las 16:00 horas, se reportó un retraso considerable. Durante dos horas, los asistentes permanecieron congregados mientras esperaban la salida de Roberto Sánchez del local partidario de Juntos por el Perú. Tras su arribo y posterior ingreso al recinto, el candidato finalmente se unió a sus seguidores para dar inicio a la marcha.
En el lugar se registró la presencia de militantes provenientes de diversas regiones del país, destacando la participación de bases de Apurímac e Ica, así como de distritos de Lima Metropolitana, entre ellos Villa María del Triunfo. Los manifestantes portaban banderas y carteles con los colores de Juntos por el Perú, acompañados de consignas que pedían la defensa del voto ciudadano y popular. Asimismo, fue recurrente la presencia de mensajes solicitando la libertad del expresidente Pedro Castillo.
En el ámbito político, la movilización contó con la participación de figuras clave del partido, como el abogado Roy Mendoza y los senadores electos Jaime Quito y Víctor Cutipán. Durante el desarrollo de la marcha, que avanzó por la avenida Alfonso Ugarte y desde el Paseo Colón con dirección al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Sánchez insistió en su narrativa de fraude. El candidato fundamentó su hipótesis señalando dos hechos recientes: la renuncia del secretario y el incendio de un camión que trasladaba actas electorales, situaciones que, a su juicio, reafirman la irregularidad del proceso.
El desarrollo de la protesta se dio en un contexto de conflicto con las autoridades gubernamentales. El Ministerio del Interior (Mininter) había negado repetidamente el otorgamiento de garantías para la realización de la marcha, alegando la falta de condiciones. Ante esto, Roberto Sánchez publicó mensajes rechazando dicha decisión y defendiendo el derecho a la protesta pacífica, instando a la ciudadanía a concentrarse en el Paseo Colón.
Para mitigar posibles incidentes, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional implementaron un amplio operativo de seguridad. Desde las primeras horas del sábado 27 de junio, se dispusieron restricciones vehiculares temporales, cierres de vías y desvíos en el Centro Histórico. Estas medidas fueron implementadas con el objetivo de resguardar el orden público, proteger el patrimonio cultural de la zona y garantizar la transitabilidad, manteniéndose bajo evaluación constante debido a la polarización política y la posibilidad de que las restricciones se extendieran.
Por otro lado, se difundieron declaraciones de Alfonso López Chau, quien se pronunció sobre el proceso electoral y el ejercicio del derecho a la protesta. López Chau subrayó que las manifestaciones deben realizarse estrictamente dentro del marco legal y pidió paciencia a la ciudadanía. Indicó que, una vez que el Jurado Nacional de Elecciones culmine su trabajo y emita una decisión final, dicha resolución deberá ser respetada.
Previo al inicio de la marcha, Roberto Sánchez mantuvo una reunión con la Asamblea Nacional de Rondas Campesinas Cunar-Perú. En este encuentro, el candidato transmitió un mensaje de exigencia de democracia, derechos y una "nueva República" que reconozca la identidad de los pueblos originarios y las comunidades ronderiles.
Finalmente, surgió un dato relevante respecto a las acciones legales del partido. Se informó que Roberto Sánchez afirmó no tener conocimiento de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de la Nación por un supuesto fraude electoral en la segunda vuelta. Lo particular de este hecho es que dicha denuncia fue interpuesta por un personero de su propio partido, Juntos por el Perú, lo que añade una capa de complejidad a las reclamaciones internas y externas de la agrupación política.
