La causa judicial conocida como la «Mafia de tarjetas de crédito» se encuentra en un punto crítico, donde la justicia y la dilación procesal libran una batalla que amenaza con dejar a las víctimas en el desamparo. En el centro del proceso se encuentra Luz Marín Martínez, la principal acusada de liderar un esquema fraudulento mediante el cual utilizó la identidad de 13 personas para estafar al Banco Nacional de Fomento (BNF). Junto a ella, están procesados dos funcionarios de la entidad bancaria, Rodolfo Méndez Romero y Emanuel Alexander Alsina Morales, quienes habrían facilitado las maniobras ilícitas.
Desde el año 2018, un grupo de ciudadanos, entre ellos doña Beatriz Franco, han transitado un penoso camino por los pasillos del Poder Judicial. El objetivo es simple pero esquivo: que se esclarezca la causa y se dicten sentencias justas. Sin embargo, la realidad es que la procesada Luz Marín Martínez, quien posee un extenso historial de antecedentes por estafa e incluso cumplió condena en el extinto penal de Buen Pastor, ha logrado, mediante diversos recursos dilatorios, frenar la concreción del juicio oral y público. Esta situación ha generado una alerta roja, ya que la causa se encamina peligrosamente hacia la prescripción.
El caso de doña Beatriz Franco es emblemático del daño causado. A sus 73 años, la mujer ha visto su calidad de vida afectada por un crédito que jamás solicitó. La señora Franco descubrió la estafa cuando comenzó a recibir insistentes llamadas del BNF exigiéndole el pago de una deuda que ascendía a casi 30 millones de guaraníes. Ante el desconocimiento total de dicha obligación, fue citada por la entidad bancaria para realizar un reconocimiento de firma.
El descubrimiento del fraude ocurrió de manera casi cinematográfica. Mientras doña Beatriz se encontraba físicamente frente a la gerente del banco, una persona llamó por teléfono a la oficina haciéndose pasar por ella, manifestando su interés en cancelar la deuda. La evidencia inmediata de la suplantación de identidad llevó a la intervención de la Policía de la unidad de Delitos Económicos, dando inicio a una investigación profunda sobre el modus operandi utilizado.
Las pesquisas revelaron un esquema sofisticado de falsificación y complicidad interna. Luz Marín Martínez, en acuerdo con los funcionarios del BNF, lograba la aprobación de créditos mediante la presentación de documentos adulterados. Entre las maniobras fraudulentas se incluía el uso de declaraciones juradas de IVA con datos modificados, fotocopias de cédulas de identidad autenticadas por un mismo escribano y facturas de servicios que no pertenecían a los solicitantes reales. Una vez aprobado el crédito, la acusada se hacía pasar por un familiar de la víctima para retirar la tarjeta plástica. Posteriormente, se dirigía a cajeros automáticos de la red Dinelco para extraer adelantos en efectivo hasta agotar los fondos. Luz Marín fue identificada gracias a las cámaras de seguridad del cajero ubicado en el Ministerio de Industria y Comercio.
La magnitud del daño no fue menor. La Fiscalía sostiene que la organización criminal causó un perjuicio patrimonial al BNF de 451.957.867 guaraníes entre febrero y septiembre de 2018. Además de Beatriz Franco, el grupo de víctimas incluye a Andrea Soledad Arévalos Ayala, José Arturo Alonso Marín, Willian Norberto Casavieja, Vilma Natividad Martínez, Laura Camila de Lelis Fleitas, Blanca Natalia Benítez, Sergio Bogado Gavilán, Nelson Javier Brítez, Ramón Benedicto Maceo Sánchez, Darío Ramón Ayala Núñez y Christian Damián Torales.
La situación legal actual es desalentadora para los afectados. El pasado 31 de marzo, la abogada Jenni Gómez y su clienta Beatriz Franco solicitaron al director de auditorías del Poder Judicial, Rodolfo Heyn Arias, que audite la causa caratulada “Luz María Marín Martínez y otros sobre estafa”, denunciando que los recursos dilatorios están siendo utilizados para evitar el juicio. A la fecha, este pedido no ha arrojado resultados.
A pesar de que en febrero de este año se esperaba el inicio del juicio tras la captura de Luz Marín, la acusada logró nuevamente evitar la reclusión mediante una apelación. Actualmente, el caso se encuentra en manos del Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala, integrado por los camaristas José Waldir Servín Bernal, Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete. Mientras el tribunal resuelve, las víctimas, especialmente los adultos mayores con problemas de salud, continúan sufriendo el impacto emocional y financiero, incluyendo el bloqueo de sus antecedentes crediticios. Esta causa ha sido catalogada como emblemática por el Observatorio Judicial debido a la complejidad del esquema y la alarmante facilidad con la que se ha logrado dilatar la justicia.
