El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, ha retomado sus funciones legislativas en la Comisión de Justicia del Senado de la República mediante la modalidad a distancia, poniendo fin a un periodo de 57 días en los que estuvo ausente de sus responsabilidades parlamentarias. Este regreso ocurre en un contexto complejo, ya que el legislador se encuentra actualmente imputado en los Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante la sesión de la Comisión de Justicia, el senador Inzunza participó en el análisis de diversas iniciativas relacionadas con la expedición de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. Entre las propuestas analizadas destaca una iniciativa presentada por el legislador del Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas. A pesar de la relevancia de su reincorporación, Inzunza Cázarez evitó cualquier mención a su situación legal o a los señalamientos por narcotráfico que pesan en su contra, limitándose estrictamente a seguir el itinerario y los puntos de discusión establecidos por la Comisión para el estudio de los anteproyectos.
La reaparición del legislador se produce tras varias semanas de intensos cuestionamientos por parte de diversos actores políticos y legisladores de la oposición. Estos sectores habían señalado la prolongada falta de actividad pública del senador desde que se hicieron públicas las acusaciones provenientes de las autoridades estadounidenses. Aunque Inzunza notificó formalmente su reincorporación al Senado desde finales del mes de mayo, no se había registrado una participación activa en reuniones legislativas hasta este jueves. Es notable que, hace un mes, el senador mantuvo una reunión en Culiacán con Javier Corral Jurado, quien preside la Comisión de Justicia.
De acuerdo con la información disponible, el legislador morenista había presentado previamente un oficio para reincorporarse a sus funciones. Este trámite se realizó tras haber solicitado una licencia temporal durante el periodo extraordinario que se llevó a cabo a finales de mayo.
El origen de la controversia legal que rodea al senador se remonta al pasado 29 de abril, fecha en la que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció acusaciones formales contra diez exfuncionarios sinaloenses. En dicha lista figura el senador Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Las imputaciones señalan supuestos nexos con "Los Chapitos", una facción del Cártel de Sinaloa. Según el documento de acusación, Inzunza Cázarez habría facilitado el flujo de drogas para este grupo delictivo, recibiendo a cambio favores políticos y asegurando su permanencia en el poder.
A raíz de estas revelaciones, el senador desapareció del ojo público y abandonó por completo su labor legislativa, omitiendo incluso la asistencia a las sesiones de la Comisión Permanente. Durante este tiempo, Inzunza se mantuvo confinado en su natal Badiraguato, según lo indicado en sus propias publicaciones en redes sociales. Para justificar su ausencia en el Congreso de la Unión, el legislador argumentó a través de sus redes que su decisión se basó en evitar que "la derecha" transformara el recinto legislativo en un "espectáculo indigno".
En cuanto a su futuro político y legal, el pasado 17 de junio, Inzunza Cázarez manifestó de manera definitiva que no tiene la intención de solicitar una licencia de su escaño en la Cámara de Senadores. Asimismo, aseguró que no se separará de su fuero hasta que concluya el periodo para el cual fue electo. El senador fundamentó esta decisión apelando a la voluntad popular, mencionando que fue elegido con el voto de cerca de 700 mil sinaloenses.
“Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”, afirmó el morenista, reafirmando su postura de permanecer en el cargo a pesar de las imputaciones internacionales y las presiones políticas internas.
