En un hecho que ha generado una inmediata repercusión en el ámbito político de La Paz, la exministra y dirigente estrechamente vinculada al entorno del expresidente Evo Morales, Wilma Alanoca, fue trasladada este martes a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El procedimiento ocurrió de manera abrupta inmediatamente después de que la exautoridad concluyera una conferencia de prensa en las inmediaciones de la Plaza Murillo, el centro neurálgico del poder político en la capital boliviana.
El despliegue policial se produjo en el momento en que Alanoca finalizaba sus declaraciones ante los medios de comunicación. Según los testimonios recogidos en el lugar y la propia versión de la exministra, el abordaje fue realizado por efectivos policiales que se encontraban vestidos de civil, quienes se aproximaron a ella para solicitarle que los acompañara a las oficinas policiales. Esta situación ocurrió en un contexto donde la dirigente se encontraba ejerciendo su derecho a la libre expresión y denuncia pública.
De acuerdo con las explicaciones brindadas por la exautoridad, su presencia en las inmediaciones de la Plaza Murillo no era casual. Alanoca había acudido al lugar con el objetivo explícito de denunciar presuntos hechos de estigmatización y una serie de acusaciones que calificó como falsas en su contra. Asimismo, la exministra informó que su intención era presentar documentación oficial ante la entidad ONU Mujeres, buscando respaldo o registro de las irregularidades que pretendía exponer durante su intervención ante la prensa.
La incertidumbre sobre la legalidad del procedimiento fue manifestada por la propia Wilma Alanoca antes de ser trasladada en un vehículo policial. En declaraciones directas, la dirigente expresó su desconcierto ante la acción de los efectivos, cuestionando la existencia de un respaldo judicial para el traslado. “Yo también quiero saber. No hay ninguna orden de aprehensión, no hay nada en absoluto”, declaró Alanoca, subrayando que, hasta ese momento, no se le había notificado la existencia de un mandato judicial que justificara su detención o traslado forzoso.
En cuanto a las razones esgrimidas por los efectivos policiales, la exministra aseguró que los agentes le informaron que su traslado a la FELCC tenía "fines investigativos". No obstante, Alanoca fue enfática al afirmar que desconocía las razones específicas, los cargos o los procesos que pudieran motivar dicha actuación policial en ese instante preciso. “Simplemente estaba dando una conferencia de prensa. No hay ningún delito de nada, solo dijeron acompáñeme a la FELCC y nada más”, manifestó la exautoridad, resaltando la falta de claridad en el procedimiento.
Hasta el cierre de la presente edición, el panorama jurídico de Wilma Alanoca permanece ambiguo. No se ha emitido ningún informe oficial por parte de la FELCC ni de las autoridades policiales que explique los motivos detrás del traslado de la exministra. Asimismo, no se ha podido confirmar la condición jurídica actual en la que se encuentra la dirigente, ni si ha sido puesta a disposición de algún fiscal o si su permanencia en las dependencias policiales es meramente transitoria para una toma de declaración.
Tampoco se ha verificado la existencia de un proceso penal abierto o un requerimiento fiscal formalmente emitido que esté relacionado con la exautoridad, lo que añade una capa de complejidad al hecho ocurrido en la Plaza Murillo. La ausencia de documentación oficial al momento del abordaje ha sido el punto central de la crítica de la exministra.
Este acontecimiento ha provocado una alta expectativa en los sectores políticos, debido a que Wilma Alanoca es reconocida como una de las figuras más influyentes y cercanas al círculo del expresidente Evo Morales. Su rol activo en la política nacional y su vinculación con la dirigencia afín a Morales convierten este traslado en un hecho de interés público, especialmente por ocurrir inmediatamente después de un acto de denuncia pública contra la estigmatización.
