Tras un periodo de intensas tensiones que se extendió durante 52 días, Bolivia atraviesa una fase de transición marcada por la implementación de medidas extraordinarias y la búsqueda de un nuevo consenso político. A pesar de las previsiones catastróficas que anticipaban escenarios de violencia extrema, hambre y devastación, el país ha logrado alcanzar una negociación que, aunque ha dejado inconformidades, ha permitido el levantamiento de los bloqueos en carreteras fundamentales para la producción y el acceso a los mercados.
En el ámbito legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha mostrado una capacidad de acuerdo significativa. Bajo la presidencia del senador Diego Ávila y ante la ausencia del vicepresidente Lara, el órgano legislativo logró un consenso superior a los dos tercios de sus miembros para aprobar el decreto de Estado de Excepción, ratificando su vigencia inmediata. Esta acción legislativa fue seguida por una medida ejecutiva: el presidente Rodrigo Paz puso en vigor el Decreto Supremo 5636.
El objetivo central del Decreto Supremo 5636 es restablecer la libre circulación en las carreteras del país, garantizar que el abastecimiento de bienes esenciales no se vea interrumpido y frenar la persistencia de los bloqueos. Resulta relevante observar que, mientras en otros contextos la declaratoria de un Estado de Excepción solía ser el detonante de movilizaciones sociales y persecución política, en la coyuntura actual parece estar funcionando como un mecanismo para buscar el sosiego, impulsado en gran medida por el agotamiento y el cansancio de la sociedad civil.
Ante este panorama, surge la propuesta de construir una nueva narrativa nacional que sirva como línea de base para una Reforma del Estado. Esta propuesta, basada en el análisis de diversas voces del espectro democrático, plantea ejes fundamentales para la estabilidad y el desarrollo del país. El primero de estos puntos sostiene que el presidente Rodrigo Paz debe concluir su mandato constitucional el 8 de noviembre de 2030, instando a los demás actores políticos a abandonar cualquier pretensión que se sitúe fuera de los marcos establecidos por la Constitución y la Carta Democrática Interamericana. Se propone que el Estado utilice todos sus instrumentos legales y administrativos para la resolución de conflictos.
Otro pilar fundamental de esta propuesta es la recuperación de la cohesión social. Se argumenta que sin cercanía, respeto y tolerancia no será posible avanzar en tareas colectivas. Un ejemplo prioritario es el sector del turismo, donde se debe valorar la oportunidad que representan las comunidades que habitan los territorios donde se encuentran los destinos turísticos, los recursos naturales, el agua y el oxígeno. Para lograrlo, se requiere que gobernadores, alcaldes, autoridades regionales y autonomías indígenas desarrollen estrategias para que la población pueda producir de manera sostenible y digna.
En términos de planificación territorial, se plantea la necesidad de reconocer la realidad demográfica actual, donde el 80% de la población reside en ciudades. Debido a la extensión del territorio nacional en relación con el tamaño de la población, se propone una política pública orientada a fortalecer las denominadas "Ciudades Intermedias". El objetivo es priorizar la inversión de recursos escasos en estas zonas para formar una masa crítica humana y productiva, proceso que requeriría la construcción de un nuevo sistema político con liderazgos y organizaciones actualizadas.
Finalmente, la agenda de reforma hace énfasis en la seguridad jurídica para el sector productivo. Existe una demanda ciudadana, particularmente visible en regiones como Tarija, para que el gobierno central facilite la producción y exportación sin generar perjuicios a los productores. El país cuenta con una amplia gama de productos con potencial de mercado, tales como café, singani, vino, asaí, estevia, chocolate, quinua, orégano, arándanos, almendras, piña, quesos y jamones, los cuales requieren de caminos expeditos para llegar a sus destinos.
La urgencia de priorizar estos puntos en una ruta crítica es evidente, considerando que el tiempo de gestión gubernamental transcurre rápidamente y la estabilidad del país depende de la capacidad de implementar estas reformas estructurales.
