El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, manifestó el respaldo contundente del organismo al gobierno electo constitucionalmente de Bolivia. El pronunciamiento, realizado desde la ciudad de Panamá, subraya la postura institucional de no apoyar ningún tipo de quiebre del orden constitucional en el país sudamericano, enfatizando que el Consejo Permanente se mantiene firme en la defensa de la legitimidad democrática.
Durante una rueda de prensa, Ramdin fue enfático al condenar todas las interrupciones y cierres de caminos que se han registrado en el territorio boliviano. Estas declaraciones se produjeron tras una reunión que el funcionario describió como "muy productiva", mantenida previamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo. El Secretario General señaló que, si bien tiene conocimiento de que el gobierno boliviano se encuentra trabajando para resolver la situación, existen límites que no deben ser traspasados en el ejercicio de la protesta.
En un análisis crítico sobre la naturaleza de las movilizaciones, Ramdin sostuvo que no es humano cerrar las vías de comunicación de tal manera que servicios esenciales, tales como la salud y la alimentación, no logren llegar a la población civil. En este sentido, el representante de la OEA marcó una distinción clara entre el derecho a la protesta y la ilegalidad, afirmando categóricamente que el bloqueo de suministros básicos "no es una manifestación, es un delito".
El marco de estas declaraciones es la proximidad de la 56° Asamblea General de la OEA, evento que se llevará a cabo la próxima semana en Panamá. Esta celebración coincide con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico, la reunión histórica convocada por Simón Bolívar en el año 1826 con el objetivo de unificar a los Estados americanos, lo que añade un matiz diplomático y simbólico al contexto en el que se analiza la crisis boliviana.
La situación de inestabilidad en Bolivia se ha agudizado desde principios de mayo, mes en el que comenzaron a persistir diversas protestas. Sectores campesinos y seguidores del exmandatario Evo Morales han instalado múltiples bloqueos de carreteras en puntos estratégicos del país. La demanda central de estos grupos es la renuncia del actual presidente, Rodrigo Paz, lo que ha generado una polarización social y una parálisis en el transporte terrestre.
Las consecuencias de este conflicto han sido severas y multidimensionales. En diversas ciudades se ha reportado un desabastecimiento crítico de alimentos, combustibles y, de manera especialmente alarmante, de oxígeno medicinal. El costo humano de estas acciones ha sido trágico: se contabilizan al menos 16 personas fallecidas. De este total, trece defunciones fueron consecuencia directa de la falta de atención médica oportuna, ya que los bloqueos impidieron el traslado de pacientes o el acceso de los servicios de emergencia.
En el plano financiero, el impacto ha sido igualmente devastador. Se estima que las pérdidas económicas derivadas de la paralización de actividades y el cierre de rutas ascienden a los 3.000 millones de dólares, afectando la cadena de suministros y la estabilidad económica regional.
Ante este escenario, Albert Ramdin adelantó que la OEA enviará una misión a Bolivia. El objetivo de este despliegue será evaluar de primera mano la situación actual del país y analizar qué otras medidas podrían considerarse para ayudar a restablecer la normalidad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Finalmente, en cuanto a las acciones recientes en el terreno, se informó que fuerzas policiales y militares se desplegaron en diversas regiones para iniciar el levantamiento de los bloqueos en las carreteras troncales que conectan el occidente con el centro del país. Estas operaciones se desarrollaron sin incidentes, debido a que en muchos de los puntos intervenidos ya no se encontraban manifestantes, procediéndose únicamente al retiro del material utilizado para cerrar las vías.
