La gestión actual de la FIFA y la organización de la Copa del Mundo se encuentran bajo un severo cuestionamiento debido a lo que se describe como una transformación del evento en un espacio reservado para las élites, alejándose de las raíces populares que dieron origen y crecimiento al deporte más popular del mundo. La crítica central radica en que el fútbol se consolidó gracias al impulso de los sectores trabajadores, obreros, mineros y las comunidades de los barrios, quienes fueron los verdaderos motores que hicieron rodar el balón cuando no poseían recursos materiales.
Uno de los puntos más controvertidos es la gestión económica de las entradas. A pesar de que durante la presentación de esta copa se prometió que el acceso al estadio sería más asequible, la realidad ha sido distinta. La FIFA implementó el sistema de "precio dinámico", una medida que ha transformado las gradas en una suerte de subasta, elevando el costo de los boletos a miles de dólares y contradiciendo las promesas iniciales de accesibilidad para el público general.
Esta tendencia hacia la mercantilización se refleja también en la infraestructura. El Estadio Azteca, reconocido como un templo del fútbol donde figuras como Pelé y Maradona hicieron historia en los mundiales de 1970 y 1986, ha pasado a llevar el nombre de una entidad financiera. Este cambio simbólico se suma a una situación fiscal desigual: mientras que la FIFA goza de una exención del pago de impuestos en Estados Unidos desde 1994, esta ventaja no se extiende a los futbolistas. Jugadores provenientes de naciones como Haití y Costa de Marfil, quienes realizan el esfuerzo físico y el sacrificio en el campo, deben seguir enfrentando sus retenciones fiscales.
El entorno político del torneo ha exacerbado las tensiones, convirtiendo este Mundial en uno de los más politizados de las últimas décadas. Se han denunciado restricciones severas que afectan a los aficionados, incluyendo vetos de viaje aplicados a treinta y nueve países y la imposición de fianzas migratorias que alcanzan los quince mil dólares para seguidores provenientes de naciones africanas. En este contexto de restricciones, surgió la consigna "No ICE in my Cup", impulsada por los huelguistas del estadio SoFi, como una respuesta a las políticas migratorias.
A estas tensiones se suma una acción institucional que ha sido calificada como cínica: la entrega del "Premio de la Paz" por parte de la FIFA a Donald Trump. Este reconocimiento ocurre en medio de un clima de fuerte polarización y restricciones migratorias, lo que refuerza la percepción de una organización que premia la conveniencia política por encima de los valores humanos.
Desde esta perspectiva, se argumenta que el deporte es intrínsecamente político, una condición que existe desde que el primer trabajador dejó sus labores para jugar al fútbol. El estadio, lejos de ser solo un escaparate comercial, ha funcionado históricamente como una asamblea popular donde las gradas han cantado contra patrones y dictadores, y a favor de los barrios y la patria.
Actualmente, el estadio se convierte nuevamente en un espacio de denuncia global. A través de consignas, los asistentes exigen la libertad de Palestina, el cese del genocidio en Gaza y el sur del Líbano, y la paz en Ucrania. Asimismo, se han manifestado rechazos contundentes al neofascismo, a las intervenciones externas y se ha solicitado el respeto a las libertades, la democracia y las culturas originarias.
A pesar de que la FIFA busca un entorno mudo, ordenado y rentable, la naturaleza del fútbol parece resistirse. Aunque la organización pueda reservar asientos para unos pocos, renombrar templos deportivos con nombres de bancos, evadir impuestos o cobrar sumas exorbitantes por los partidos, existe un sector que no puede ser comprado: la calle y la consigna popular. El fútbol, según se sostiene, sigue perteneciendo a los trabajadores, los migrantes y los sectores populares que no retroceden ante el poder, manteniendo vivo el espíritu de protesta en el juego.
