La investigación judicial en torno a las irregularidades financieras y presuntos actos de corrupción en Puerto Coronel ha entrado en una etapa decisiva. Recientemente, la fiscal Glenda Lagos solicitó una extensión de 20 días adicionales para continuar con las indagatorias del caso, una petición que fue acogida por el tribunal, aunque con una advertencia tajante sobre los plazos procesales.
El juez Daniel Ortiz, encargado de la causa, autorizó la ampliación del plazo solicitado por el Ministerio Público. No obstante, el magistrado fue enfático al señalar que esta medida constituye la última prórroga que se concederá para la investigación. Esta decisión ocurre en un contexto donde diversas diligencias pendientes, solicitadas por las defensas de los imputados, hacían necesario un tiempo adicional para completar el acopio de pruebas y testimonios.
La solicitud de la fiscalía surge a raíz de requerimientos específicos presentados por las defensas de dos de los implicados en el proceso: Eduardo Hartwig y Michelle Prater. En el caso de Eduardo Hartwig, quien enfrenta una compleja situación judicial al estar formalizado por los delitos de soborno, administración desleal y delitos tributarios, su representación legal solicitó formalmente que se requiriera al Servicio de Impuestos Internos (SII) una copia de un escrito presentado previamente por la compañía portuaria.
Por otro lado, la defensa de Michelle Prater, quien se desempeñó como gerenta interina de Puerto Coronel, también impulsó nuevas diligencias. Prater ha sido formalizada por el delito de administración desleal. Según la tesis del Ministerio Público, la ejecutiva habría incurrido en este delito al omitir acciones fundamentales destinadas a impedir el desvío de fondos de la empresa, incumpliendo así su deber profesional de salvaguardar el patrimonio de la compañía bajo su cargo. En este sentido, su defensa solicitó que se tomaran declaraciones a dos testigos clave: un exgerente general y un exjefe de contabilidad de la empresa, con el fin de esclarecer los hechos.
El núcleo del conflicto financiero radica en la detección de facturas ideológicamente falsas. De acuerdo con los antecedentes presentados por el Ministerio Público, Eduardo Hartwig, a través de su sociedad de inversiones denominada Codegua Ldta, habría emitido documentos por servicios que nunca fueron prestados. Estas operaciones, sumadas a otros pagos realizados bajo la figura de "supuesta proveedora" del puerto, habrían ocasionado un perjuicio económico directo a Puerto Coronel estimado en 626 millones de pesos.
Ante estas acusaciones, el defensor penal privado de Michelle Prater, Rafael Gómez, ha planteado una línea de defensa basada en la temporalidad de los hechos. Gómez señaló que no se descarta la posibilidad de que las asesorías cuestionadas se hayan realizado antes de que la ejecutiva norteamericana asumiera su cargo en la compañía. De confirmarse que los supuestos desvíos ocurrieron previo a su gestión, la defensa evaluaría solicitar el sobreseimiento de su representada.
En cuanto a las partes querellantes, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia administración de Puerto Coronel no manifestaron oposición a la solicitud de extensión de tiempo realizada por la fiscalía. Cabe destacar que la empresa portuaria ha recuperado sus derechos como acusador en el proceso, luego de que se procediera a la separación de las causas.
Con la concesión de estos 20 días adicionales, el proceso judicial se encamina hacia su cierre. Una vez cumplido este plazo, se espera que el tribunal fije una audiencia para dar por finalizada la investigación, momento en el cual el Ministerio Público deberá presentar la acusación fiscal definitiva.
Finalmente, es importante recordar que este caso no se limita únicamente a los delitos económicos y tributarios, sino que abarca una red de presunta corrupción que incluye a otras figuras públicas. Entre los imputados en esta causa también se encuentra el alcalde de la comuna de Coronel, Boris Chamorro, lo que añade una dimensión política y administrativa a la indagatoria sobre los millonarios perjuicios sufridos por la terminal portuaria.
