El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el pasado sábado el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Esta decisión surge tras semanas de protestas masivas dirigidas contra el Gobierno, motivadas principalmente por el incremento en el costo de vida y una presión económica persistente que ha derivado en una creciente crisis política en el país sudamericano.
Las movilizaciones, que cuentan con el respaldo de diversos sindicatos de trabajadores y agricultores, han escalado en sus exigencias hasta solicitar la renuncia inmediata de Paz. Como medida de presión, se han implementado bloqueos de carreteras que han paralizado la economía nacional durante los últimos 50 días. Según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, estas tensiones han dejado un saldo de al menos 14 personas muertas en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de junio.
En un discurso dirigido a la nación, el mandatario explicó que la implementación del estado de excepción tiene como objetivo primordial liberar las vías de comunicación del país. Paz enfatizó que los ciudadanos bolivianos no pueden continuar siendo "rehenes" de bloqueos que impiden actividades fundamentales como trabajar, estudiar, acceder a atención médica, abastecerse de productos básicos y llevar el sustento a sus hogares.
El presidente afirmó que esta medida legal allana el camino para que tanto la policía como las fuerzas armadas intervengan con el fin de restablecer el orden público. Según Paz, el estado de emergencia busca recuperar la normalidad en un contexto donde, a su juicio, grupos organizados siguen recurriendo a la violencia para provocar la paralización del país.
Es importante destacar que el mes pasado el presidente Paz ya había firmado una ley que faculta a las fuerzas militares para intervenir en conflictos internos. Aunque anteriormente el mandatario había manifestado que declarar el estado de emergencia sería la última opción en caso de que el diálogo fracasara, sostuvo el sábado que dicha vía fue agotada. Paz señaló que, tras llegar a acuerdos con quienes tenían demandas legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia para desestabilizar la nación, la decisión del decreto se volvió necesaria.
Rodrigo Paz, de tendencia política centrista, asumió la presidencia hace siete meses. Su llegada al poder marcó un cambio histórico para Bolivia, ya que puso fin a casi dos décadas de gobiernos de izquierda liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país de manera casi ininterrumpida desde 2006. Paz heredó una de las crisis económicas más severas que ha enfrentado el país en una generación.
En el plano diplomático, la administración de Paz ha trabajado en fortalecer los vínculos con Washington, los cuales se mantenían tensos desde el año 2009. En septiembre, el gobierno dio a conocer planes para concretar un acuerdo de cooperación económica por un monto de 1.500 millones de dólares con funcionarios estadounidenses, con el objetivo específico de garantizar el suministro de combustible.
El apoyo de Estados Unidos ha sido explícito. El 4 de junio, el Departamento de Estado publicó un resumen de una llamada entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Paz, donde se destacó el compromiso de EE. UU. en apoyar la democracia boliviana y la reconstrucción del país tras lo que calificaron como "20 años de políticas socialistas fallidas". Asimismo, el portavoz Tommy Pigott informó que Estados Unidos está intensificando la asistencia de emergencia y el apoyo logístico para ayudar a la población que sufre escasez de alimentos y suministros médicos debido a los bloqueos.
Desde la ciudadanía, existen voces que respaldan la medida. David Pacheco, residente de La Paz, manifestó que el estado de emergencia es una acción correcta, ya que en la ciudad han sufrido hambre, falta de alimentos y un incremento elevado en los precios de los productos de primera necesidad.
El origen de los disturbios actuales se remonta a mayo, cuando el presidente Paz recortó los subsidios al combustible —vigentes desde hace mucho tiempo— para intentar reducir el déficit fiscal. Actualmente, la economía boliviana enfrenta una grave falta de divisas, un desplome en las exportaciones de gas natural y una inflación que ha alcanzado su nivel más alto en 40 años, lo que ha provocado una escasez generalizada de combustible.
Además de la renuncia del presidente, los sindicatos mantienen sus demandas de aumentos salariales y exigen soluciones definitivas a la escasez de combustible y de dólares en el país.
