Las autoridades mantienen desplegado un operativo de búsqueda para localizar a un grupo de niños de nacionalidad haitiana que habrían ingresado al territorio nacional de manera presuntamente irregular. El caso cobró relevancia y puso en marcha los protocolos de seguridad y protección tras la revelación de un preinforme emitido por la Contraloría, ente fiscalizador que detectó anomalías en el proceso de entrada de estos menores al país.
La situación ha estado marcada por imprecisiones en las cifras iniciales sobre la ubicación de los niños. En una primera instancia, se había informado que 41 de los 64 menores que figuraban como "no ubicados" en el documento de la Contraloría ya habían sido localizados. Sin embargo, esta información fue posteriormente rectificada por la Policía de Investigaciones (PDI), organismo que confirmó que la cifra real de menores localizados hasta el momento es de 33. Esta corrección deja un número significativo de niños aún desaparecidos o sin rastro oficial, lo que intensifica la urgencia de las labores de rastreo.
De acuerdo con los datos revelados en el informe del ente fiscalizador, el volumen total de menores involucrados es considerable. El documento detalla que un grupo de 486 niños haitianos ingresaron al país acompañados por tan solo 12 adultos. Esta proporción entre adultos y menores ha generado preocupación sobre las condiciones del traslado y la supervisión de los infantes durante su ingreso.
Respecto a la logística de entrada, el reporte indica que estos ingresos se habrían concretado a través de vuelos que no contaban con la regulación correspondiente. Estas operaciones aéreas irregulares se habrían llevado a cabo en un periodo comprendido entre los años 2024 y 2025, evadiendo los controles migratorios y sanitarios estándar que rigen la entrada de personas al territorio.
Ante la gravedad de los hechos, el Presidente de la República, José Antonio Kast, tomó medidas administrativas inmediatas, designando a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, como la coordinadora general de este caso. El objetivo de esta designación es centralizar los esfuerzos y asegurar que la búsqueda y protección de los menores sea la prioridad absoluta del Gobierno.
La ministra Wulf se refirió a este nombramiento durante una entrevista concedida al programa "Tu Día" de Canal 13 este viernes. En dicha instancia, la secretaria de Estado respaldó la decisión del Ejecutivo, fundamentando que la prioridad del Gobierno es garantizar la integridad de los menores. “Este es un tema de proteger a los niños. Nosotros somos un ministerio que trabaja por la infancia, que tenemos sistemas de información robusto”, señaló la autoridad, enfatizando la capacidad técnica de su cartera para gestionar el flujo de datos necesario para resolver el caso.
A pesar de que la coordinación recae ahora en el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra Wulf aclaró que el trabajo no se realiza de forma aislada. Explicó que existe una articulación "completamente coordinada" con diversas instituciones clave del Estado. Entre ellas destacan las policías y el Ministerio de Seguridad, quienes aportan la capacidad operativa de búsqueda y control.
Además, la coordinación se extiende a otros organismos fundamentales como el Servicio de Migraciones, el Registro Civil y la Cancillería, permitiendo un cruce de datos migratorios y de identidad esencial para identificar a los menores. La ministra subrayó que esta labor coordinada incluye la participación de los tres poderes del Estado, quienes mantuvieron una reunión el pasado jueves con el Presidente de la República para alinear las estrategias de acción.
Finalmente, la ministra Wulf reiteró que el hecho de que el Ministerio de Desarrollo Social asuma el liderazgo de la coordinación no representa un obstáculo para el avance de las investigaciones, ya que cuentan con la información y las herramientas necesarias para dar respuesta a esta emergencia humanitaria y migratoria.
