El Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado ha convocado a la continuación del juicio en el denominado caso Triple A. Las audiencias de juzgamiento han sido programadas para los días 18, 19, 24, 25 y 26 de julio de 2026, iniciando cada jornada a las 08:30 horas. El tribunal ha dispuesto que las diligencias se lleven a cabo de manera presencial en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito.
Este proceso judicial está integrado por un tribunal compuesto por los jueces Jorge Sánchez Pico, quien actúa como ponente, Clara Soria Carpio y Víctor Barahona Cunalata. El caso es de alta complejidad, ya que involucra a un total de 22 procesados, entre los cuales se encuentran personas naturales y personas jurídicas (empresas). Entre los investigados destaca la figura del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien actualmente se encuentra bajo medida de prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
La investigación se centra en el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Además del alcalde Alvarez, en el proceso figuran sus hermanos, Xavier y Antonio Alvarez, así como su primo, Fernando Viteri. Respecto a este último, se informó que se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con una orden de prisión preventiva vigente.
De acuerdo con la teoría del caso presentada, se presume que diversas empresas del sector hidrocarburífero vinculadas al alcalde de Guayaquil y su entorno familiar habrían estructurado una red para desviar combustible subsidiado de manera ilegal. Este desvío habría afectado a los segmentos automotor, industrial y naviero, tanto a nivel nacional como internacional. Según las estimaciones presentadas en el proceso, esta actividad habría generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano ascendente a 61,5 millones de dólares, cifra que corresponde a la movilización ilegal de aproximadamente 22,7 millones de galones de combustible, distribuidos entre diésel y gasolina.
En cuanto al avance procesal, el juicio se encuentra en la etapa de práctica de pruebas. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya ha concluido con la presentación de sus testigos, peritos y la documentación que sustenta su acusación. Por lo tanto, la reinstalación de las audiencias se enfocará en la presentación de las pruebas anunciadas por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), institución que actúa como acusador particular en este caso.
La ARCH presentará sus propias pruebas testimoniales, periciales y documentales. Previamente, el 13 de junio, el coordinador de Asesoría Jurídica de dicha agencia informó al tribunal que la posición de la institución se mantiene firme, resaltando que los testimonios y pericias evacuados hasta el momento respaldan y fortalecen la teoría del caso sostenida por su acusación particular. Asimismo, el funcionario ratificó la validez de la prueba documental que había sido anunciada con anterioridad.
En el marco de este proceso, la defensa técnica de Aquiles Alvarez solicitó al tribunal que se permitan visitas técnicas al alcalde en el centro de privación de libertad, de lunes a viernes, con un tiempo mínimo de cuatro horas diarias. El juez ponente aceptó este requerimiento y dispuso que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), junto con la Dirección del Centro de Privación de Libertad de Santa Elena, implementen las medidas administrativas y logísticas necesarias. El objetivo es garantizar el derecho a la defensa del alcalde, facilitando las reuniones jurídico-técnicas con sus abogados, ya sea de forma presencial o mediante medios telemáticos, hasta que se reinicie la audiencia el 18 de julio.
Finalmente, el proceso ha registrado una controversia respecto al procesado José C., quien es reconocido como cooperador eficaz y testigo protegido en el caso Goleada. José C. ha solicitado al tribunal del caso Triple A que se le permita rendir su testimonio al final de la presentación de todos los testigos. Esta petición ha sido cuestionada por las defensas de los demás procesados, quienes han solicitado formalmente al juez Sánchez Pico que niegue dicho requerimiento.
