La Fiscalía General de la República (FGR) ha detallado los avances en los procesos judiciales contra las estructuras criminales más prominentes del país. A través de información proporcionada por el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, y difundida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia en la red social X, se ha revelado el alcance de las imputaciones contra los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13).
En relación con los procesados pertenecientes a la facción de Barrio 18, el fiscal Max Muñoz informó que un total de 563 personas están siendo procesadas. De este grupo, 275 individuos pertenecen a la facción de los sureños, mientras que 288 corresponden a los revolucionarios. A este conjunto de procesados se les atribuye la comisión de aproximadamente 14 mil 400 delitos, lo que refleja la magnitud de la actividad criminal coordinada por estas estructuras.
El catálogo de imputaciones contra los líderes de Barrio 18 es extenso y grave. Entre los delitos que se les atribuyen figuran la pertenencia a organizaciones terroristas, rebelión, homicidios, extorsiones, tráfico de armas y tráfico de drogas, además de delitos de trata de personas. En total, se han contabilizado 269 casos específicos. Uno de los puntos más críticos señalados por el fiscal Muñoz es el intento de estos grupos criminales de imponer un estado paralelo al Estado legalmente constituido del país.
Sobre el desarrollo del proceso judicial, el fiscal adjunto manifestó su opinión de que el camino hacia la resolución será corto. Según el cronograma establecido por la FGR, el dictamen de acusación será presentado en el mes de agosto. Este paso es fundamental para dar inicio, aún dentro del presente año, a la audiencia única abierta, instancia en la cual se definirá la situación jurídica de todos los cabecillas involucrados en estos procesos.
En cuanto a las pruebas que sustentan las acusaciones, Muñoz añadió que diversos casos cuentan con el respaldo de herramientas de intervención a las telecomunicaciones. A través de estas escuchas, la fiscalía ha logrado identificar la planificación de actividades delictivas, destacando entre ellas el caso de una granada destinada a realizar un atentado contra las instalaciones de la Fiscalía.
El fiscal adjunto enfatizó la importancia de este proceso para la justicia salvadoreña, sosteniendo que, al sentar en el banquillo a los cabecillas de ambas facciones de Barrio 18 por los delitos cometidos desde el año 2012 hasta la fecha, el país y la propia Fiscalía estarán saldando una deuda histórica.
Este esfuerzo judicial se suma a los procesos ya iniciados contra la Mara Salvatrucha (MS-13). En el pasado mes de abril, comenzó una audiencia única abierta dirigida a 486 jefes de dicha organización. Durante los alegatos finales de aquel proceso, la fiscalía expuso la evolución de la MS-13, señalando que la pandilla transitó de ser una agrupación juvenil a transformarse en una organización criminal compleja.
La estructura jerárquica de la MS-13, según los datos presentados, se integra por 32 programas operativos dentro de El Salvador, dos programas en el extranjero y un total de 230 clicas o células distribuidas en diversos territorios del país.
A los líderes de la MS-13 también se les imputaron cargos severos, incluyendo el uso de 1,212 menores de edad, quienes eran utilizados para trasladar armas y drogas en distintas zonas del territorio nacional. Asimismo, se les atribuye la obtención de cerca de nueve millones de dólares mediante extorsiones dirigidas a cuatro víctimas. La posesión de armas de grueso calibre fue otro de los puntos clave, utilizada con el objetivo de imponer un estado criminal paralelo e intentar abrogarse las facultades legales de la nación.
Finalmente, el balance delictivo contra los líderes de la MS-13 es aún más elevado que el de Barrio 18. Se les atribuyen más de 47 mil delitos cometidos entre los años 2012 y 2022, entre los que destacan homicidios, extorsiones, tráfico de armas y tráfico de drogas, consolidando así el marco de imputaciones que la FGR busca resolver mediante las audiencias judiciales.
