Costa Rica ha iniciado el año 2026 enfrentando una situación de presión crítica en su sistema de disposición final de residuos. La infraestructura del país se encuentra en un punto de vulnerabilidad extrema, ya que casi la mitad de los rellenos sanitarios operativos alcanzarán su capacidad máxima durante el presente año. Esta crisis se agudiza especialmente en la Gran Área Metropolitana (GAM), donde el espacio disponible para recibir los desechos generados por los diversos cantones es prácticamente inexistente.
El panorama actual es el resultado de una combinación de factores complejos que incluyen cierres programados de instalaciones, la necesidad de trasladar residuos a zonas distantes, incrementos significativos en las tarifas municipales y una prolongada disputa institucional sobre cuáles deben ser las nuevas soluciones estructurales para el país.
El punto más crítico de esta emergencia se localiza en la GAM, específicamente en los rellenos sanitarios de La Uruca y Aserrí, los cuales son operados por la empresa EBI. Según las estimaciones de la compañía, ambas instalaciones dejarán de funcionar definitivamente entre los meses de agosto y septiembre, debido a que habrán llegado al límite de su vida útil. La magnitud del problema se refleja en las cifras: el relleno de Aserrí recibe aproximadamente 2,160 toneladas diarias, mientras que La Uruca gestiona cerca de 500 toneladas. En conjunto, estas dos plantas manejan unas 2,600 toneladas de basura cada día, una carga volumétrica que resulta sumamente difícil de absorber para otros rellenos sanitarios sin comprometer gravemente su propia durabilidad.
Ante este escenario, el Ministerio de Salud ha emitido una advertencia clara: el simple traslado de la basura de un lugar a otro no constituye una solución a la crisis. Para ilustrar el riesgo, el Ministerio señaló que si los residuos de La Uruca fueran trasladados al relleno de Limón, dicho sitio pasaría de recibir 200 toneladas diarias a casi 700. Este incremento drástico provocaría que la vida útil del relleno de Limón se desplomara de más de 15 años a tan solo cuatro años, trasladando el problema geográficamente pero acelerando el colapso del sistema.
Desde el punto de vista económico, el traslado de residuos fuera de la GAM genera una reacción en cadena de encarecimiento. El envío de basura a distancias mayores presiona la capacidad de otros rellenos, aumenta los recorridos de transporte, demanda una mayor flota de camiones y eleva considerablemente los costos operativos de las municipalidades. Este incremento en los costos logísticos impacta directamente en el bolsillo del ciudadano a través de las tarifas de recolección.
Diego López, alcalde de Moravia, ha manifestado que algunas municipalidades ya experimentaron aumentos de hasta un 300 % en sus tarifas durante el año pasado. En el caso específico de Moravia, el alcalde anticipó que la tasa podría subir un 100 % este año debido a estas presiones. Además, el reglamento de gestión regionalizada establece que la disposición final no debe superar los 80 kilómetros desde el punto más lejano del cantón hasta el destino final; en caso de exceder esta distancia, es obligatorio el uso de estaciones de transferencia, lo que añade otra capa de complejidad y costo al proceso.
Existe también una tensión institucional sobre las responsabilidades legales. El Ministerio de Salud sostiene que, según la Ley 8839, las municipalidades son las responsables de la gestión integral de los residuos. No obstante, diversos alcaldes y especialistas cuestionan la viabilidad de que los gobiernos locales asuman solos proyectos de tal magnitud. El alcalde López subrayó que la gestión de la basura debe verse como un negocio que requiere condiciones específicas para ser sostenible. Advirtió que, si cada gobierno local se viera obligado a construir su propio relleno, las tarifas podrían aumentar hasta un 1000 % en algunos casos.
La capacidad técnica de los gobiernos locales es otra debilidad evidenciada. El Índice de Gestión Municipal 2025 revela que el 56 % de las municipalidades se encuentran en un nivel básico de recolección, un 32 % en nivel intermedio y solo un 5 % alcanza la categoría avanzada.
Mientras tanto, las soluciones legislativas avanzan a un ritmo lento. En la Asamblea Legislativa se discute un proyecto para promover la valorización energética de residuos orgánicos, que permitiría al Ministerio de Salud y al ICE procesar hasta 800 toneladas diarias para generar energía. Aunque la propuesta ya superó el primer debate, aún se encuentra en la etapa de mociones. Expertos advierten que, a menos que se implemente una respuesta estructural inmediata, el país no tendrá una salida viable antes del cierre inminente de los rellenos sanitarios.
