En una sesión desarrollada en el pleno del organismo, el Consejo de la Judicatura (CJ), bajo la presidencia de Mercedes Caicedo, ha tomado una serie de decisiones administrativas y disciplinarias de gran alcance que impactan la estructura operativa de la institución a nivel nacional. La medida más destacada de esta jornada ha sido la exigencia de la renuncia de todos los directores provinciales que forman parte de la entidad.
Según se detalla en el comunicado oficial emitido por la Judicatura, esta solicitud de dimisión masiva no es un acto arbitrario, sino que responde a una estrategia de revisión interna. El organismo ha manifestado que el objetivo primordial de esta acción es llevar a cabo una evaluación exhaustiva del desempeño de cada una de las direcciones provinciales. A través de este proceso de análisis, las autoridades del Consejo buscan contar con la base técnica necesaria para adoptar las acciones que consideren pertinentes y necesarias en aras de consolidar la gestión institucional.
La entidad subrayó que estas medidas están orientadas a garantizar el estricto cumplimiento de los objetivos del organismo, asegurando que la administración de justicia en las provincias se alinee con las metas y estándares establecidos por el plenario. Con esta evaluación, el Consejo de la Judicatura pretende optimizar la eficiencia de sus dependencias regionales y fortalecer la estructura organizativa en todo el territorio.
Este escenario de solicitudes de renuncia masiva no es la primera vez que se presenta en la institución. El registro documental indica que una medida similar fue implementada el 8 de enero de 2026, fecha en la que el entonces presidente de la Judicatura, Mario Godoy, también solicitó la renuncia de la totalidad de los directores provinciales. Es importante señalar que, en aquella ocasión, la solicitud de Mario Godoy se produjo en un contexto particular, ocurriendo precisamente cuando se encontraba en trámite un proceso de juicio político en su contra dentro de la Asamblea Nacional.
Paralelamente a las decisiones sobre los cargos directivos, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha avanzado en materia de control disciplinario. En este sentido, se dispuso el inicio de expedientes disciplinarios contra ocho funcionarios y exfuncionarios judiciales. Estas acciones legales se concentran en servidores que desempeñaron sus cargos en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas. La apertura de estos expedientes se fundamenta en la detección de presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones, las cuales ahora serán analizadas bajo el debido proceso.
No obstante, la sesión del Pleno también contempló la revisión de casos donde no se hallaron culpabilidades. El organismo determinó el archivo de las investigaciones disciplinarias contra otros 10 servidores y exservidores judiciales. Esta resolución se tomó tras concluir que no existían elementos suficientes ni pruebas contundentes para establecer la existencia de infracciones disciplinarias en las actuaciones de dichos funcionarios, quedando así exonerados de las investigaciones en curso.
Finalmente, el Consejo de la Judicatura tomó una medida drástica respecto a la magistratura en la capital. El Pleno resolvió la destitución de la jueza de Quito, identificada con las iniciales K.A.C.T., debido a lo que la institución calificó como una "manifiesta negligencia". El motivo concreto de esta sanción radica en el manejo de una causa judicial relacionada con la violencia intrafamiliar. Según informó la entidad, durante la tramitación de dicho proceso, la magistrada incurrió en una falta grave al omitir la valoración de pruebas que constaban formalmente en el expediente, afectando así la correcta resolución del caso.
Con estas resoluciones, la administración de Mercedes Caicedo envía un mensaje de reestructuración y vigilancia sobre el desempeño de los servidores judiciales, combinando la evaluación de los mandos provinciales con la aplicación de sanciones disciplinarias y la depuración de expedientes sin fundamento.
